Amiguismo, autonomías y corrupción política en España, por Nicolas Klein.



El hispanista Nicolas Klein analiza en este artículo las dos causas más importantes de la corrupción política en España: la financiación de los partidos políticos y la implantación progresiva del sistema autonómico desde los años 80 del pasado siglo.

Durante varias décadas, la financiación de los partidos políticos no ha sido objeto de un debate real en España. La transición a la democracia se hizo a tientas y los partidos que han dirigido el país desde entonces han tenido que aprender a gobernar y gestionar su tesorería de manera un tanto empírica. Los electores mismos han tenido tendencia a mostrarse indulgentes con los corruptos de todos los bandos y a castigarles poco en las urnas.

Una primera ley, la LOFP (Ley Orgánica sobre financiación de los partidos políticos) fue aprobada en julio de 1987 y revisada en 1991 y 1994 con el fin de limitar los gastos durante las campañas electorales. Sin embargo, semejante texto dio poco poder al Tribunal de Cuentas para comprobar la contabilidad de los partidos. Además, el marco legislativo general hizo depender estrechamente su buena salud financiera del dinero público. Semejante situación dio lugar a dos comportamientos diferentes: a la izquierda, los préstamos pedidos a los bancos han sido numerosos y su reembolso ha sido retrasado en varias ocasiones; a la derecha, se ha tenido tendencia a solicitar donaciones a particulares, sobre todo donaciones anónimas, que podían dar lugar a derivaciones de todo tipo.

De hecho, tanto el PSOE como el PP (y su antecesor Alianza Popular) se vieron obligados a multiplicar las fuentes de ingresos para hacer frente a gastos cada vez más importantes. Es lo que explica la multiplicación en los años 90 de numerosos escándalos político-financieros.

Hay que esperar al final del primer mandato del socialista José L. Rodríguez Zapatero para que se aprobara una nueva Ley Orgánica en julio de 2007 con el fin de reducir las posibilidades de fraude: eliminación de las donaciones anónimas; refuerzo de los mecanismos de control y transparencia; definición más clara de las fuentes de financiación posibles; introducción de nuevas exigencias en la llevanza de las cuentas de los partidos políticos; ampliación del rol del Tribunal de Cuentas. Esta legislación fue modificada de nuevo en 2015, bajo el mandato de Mariano Rajoy, con el objetivo de un mayor control: prohibición a las entidades financieras de eliminar la deuda de los partidos o a las personas jurídicas de realizar donaciones a las fundaciones dependientes de los partidos en cuestión.

Estas reformas tuvieron como efecto acentuar la subordinación de las finanzas de los partidos de la Hacienda Pública y se estima que la media de las fuentes de ingresos privadas ha representado apenas un 10% de dichas finanzas en España.

Existen varias categorías de subvenciones públicas: subvenciones anuales, cuyo importe se calcula en función del nombre de cargos elegidos y de electores (0,37 € por papeleta de voto en las elecciones generales de junio de 2016, por ejemplo); subvenciones para gastos de funcionamiento; subvenciones concedidas por los grupos institucionales (Parlamento nacional, parlamentos autonómicos, asambleas legislativas diversas); dietas de los cargos electos; medios materiales acordados por ley; deducciones fiscales de las que se benefician los partidos.


En cuanto a las fuentes privadas, se pueden distribuir de esta forma: cantidades que corresponden a la afiliación de militantes; donaciones de particulares; gestión del patrimonio propio de cada formación; préstamos de entidades bancarias; herencias recibidas.

Este desequilibrio entre aportaciones públicas y privadas conlleva igualmente un desequilibrio entre partidos en cuanto a sus capacidades financieras. Esta tendencia se acentúa debido a una ley electoral y una división en circunscripciones provinciales que favorecen a los dos grandes partidos clásicos (PP y PSOE) así como a los partidos regionalistas.

Por otra parte, en caso de crisis económica, los fondos públicos concedidos a los partidos políticos bajan drásticamente, como fue el caso entre 2009 y 2013 (-25% de subvenciones destinadas a su funcionamiento ordinario). Algunos analistas no dudan en hablar de “estatalización” de los partidos políticos, que se convertirían así en fundaciones de interés público por su participación en la animación del debate de ideas.

Al mismo tiempo, sin embargo, el Estado español dispone de márgenes de maniobra limitados para controlar la contabilidad de los grandes partidos. El Tribunal de Cuentas acumula importantes retrasos en el estudio de los expedientes (solo 25 empleados del Tribunal entre los 700 en plantilla se dedican plenamente a esta tarea) y sus miembros son, en parte, escogidos por cooptación tras la propuesta de los partidos mismos, lo cual alimenta las acusaciones de nepotismo. Además, las irregularidades que puede establecer el Tribunal de Cuentas prescriben muy rápido (cuatro años después de la comisión del delito), lo que limita las posibilidades de sanción administrativa.

Los niveles autonómico y local, ¿en el origen de todos los males?

Desde el año 2000, la administración central española constituye menos de la mitad de las fuentes de financiación pública de los partidos políticos. En 2013, el nivel autonómico y el nivel municipal representaban respectivamente 36% y 27% de las subvenciones otorgadas a los partidos.

Y es que, en realidad, el grueso del problema se esconde en parte en los estratos administrativos intermedios e inferiores, que disponen en España de un poder y unas capacidades fiscales muy superiores a los de las regiones francesas. Por otra parte, existe toda una serie de administraciones que se insertan en una organización política ya de por sí bien amplia. Semejante forma de proceder ha favorecido, lo sabemos hoy, la constitución de baronías que quieren reforzar su poder a través de la multiplicación de empresas y fundaciones públicas. La financiación de estas últimas es muchas veces opaca y ha podido servir en el pasado a mantener un clientelismo y unas redes de corrupción tremendas, como en Andalucía. Con la llegada al poder de la derecha en Sevilla (en febrero de 2019, después de tres décadas de poder socialista) es cuando esas instituciones y organismos diversos han comenzado a ser auditados seriamente. Otro ejemplo paradigmático es el nepotismo que reina desde hace años en el seno del mundo político catalán, en particular entre los dirigentes separatistas. Y, en general, los años de vacas gordas de la economía española, permitidos por los bajos tipos de interés impulsados desde el Banco Central Europeo y la propensión extendida al endeudamiento, favorecieron la expansión de prácticas políticas ilegales.

Los sucesivos escándalos han desvelado cómo los partidos políticos conciben el poder en los niveles autonómico y local en España y la manera en la que se enriquecen, sea en provecho de sus miembros más eminentes, sea para financiar sus acciones electorales. Se aprovechan en realidad de un marco institucional muy amplio, que se remonta a las primeras leyes urbanísticas del franquismo (sobre todo la Ley del Suelo de 1956) pero también las reformas puestas en marcha por José Mª Aznar (1996-2004).

La Ley del Suelo de 1998, que fijaba las modalidades de construcción y el valor de los terrenos, dejaba en manos de los ayuntamientos la posibilidad de clasificar un terreno como propio o impropio para la construcción, a través de una tasa que entraba en las arcas públicas locales. Semejante ventaja empujaba a los alcaldes a construir lo más posible. El propietario del terreno se vio favorecido, además, por la ampliación constante de la burbuja inmobiliaria entre 1998 y 2008, reforzada por el sentimiento de abundancia generado por el euro así como por la llegada masiva de turistas europeos hacia el litorial mediterráneo. Al mismo tiempo, los mecanismos de control del urbanismo eran generalmente deficientes.

Este fenómeno incrementó los apetitos de todas clases (y también los menos legales) empujando a los partidos políticos a obtener fondos a través de los contratos con las grandes empresas de la construcción y de obras públicas. Después siguieron las infraestructuras públicas, las unas más suntuosas que las otras (aeropuertos, museos, centros de ocio, autopistas, estaciones de tren de alta velocidad, complejos deportivos) pero cuyo coste era estratosférico y su utilidad se reveló, en ocasiones, muy incierta.

Aparte de que semejantes obras favorecieron importantes asuntos de corrupción ligados a la entrega de grandes comisiones, alimentaron también el crecimiento excesivo de las cajas de ahorro autonómicas cuya restructuración fue muy dolorosa después del estallido de la burbuja inmobiliaria. En realidad, esas cajas de ahorro estaban muchas veces dirigidas por dirigentes salidos de los partidos políticos nacionales o regionales, los cuales pecaron no solo de imprevisión sino también por el desvío de fondos o blanqueo de dinero.

Así, las comunidades autónomas parecen haberse convertido en el principal foco de corrupción política en España. En enero de 2017, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mostraba así que Cataluña era la región más afectada por los asuntos de ese tipo (303 personas en el banco de los acusados), por delante de Andalucía (153) o la Comunidad de Madrid (145). Este fenómeno trae a colación una vez más la cuestión de la pertinencia del sistema autonómico en España. El análisis de la corrupción política puede ser pues un ángulo a través del cual la ciudadanía española debe reflexionar sobre la manera en la que se organiza su país.  Traducción: Esther Herrera Alzu. Fuente: extracto del artículo “Copinage, régionalisme et corruption en Espagne”. Revue Conflits