La crisis de la democracia es una crisis de la política, por Alain de Benoist (y III)


Una de las grandes contradicciones de la democracia contemporánea de los derechos humanos es que sigue siendo, en términos de opinión pública, fundamentalmente una democracia de carácter social –una democracia de la que se puede esperar y exigir todo–, a pesar de que ya no tiene los medios o la voluntad para hacerlo. 

Guy Hermet señala a este respecto que “la obligación de la democracia como sistema de gobierno de tener que comprar los apoyos al precio de ofertas estatutarias, legales y materiales sin límite, está afectando a los gobiernos de las sociedades desarrolladas en su totalidad”. Y añade: “Continuar en esta trayectoria indefinidamente significaría que, para el año 2025 o 2030, el presupuesto global del Estado de bienestar habrá absorbido la totalidad de la riqueza producida en Europa, sin que quede nada restante para la economía de mercado o el sector privado de los habitantes”. Es de destacar que, mientras las clases medias están obsesionadas con la disminución de su condición social, el mantenimiento de los beneficios de la democracia social sigue ocupando un lugar preponderante en la mayoría de los programas populistas, al menos tan importante como la crítica de la fiscalidad o del problema de la inmigración.

La brecha, en todo caso, no cesa de crecer entre el pueblo y una Nueva Clase autista, incestuosa y narcisista. Contrariamente a lo que se repite en los círculos reaccionarios, esto no es “oclocracia”, el poder del populacho o de la multitud que denunciaba Platón y a la que nos llevó la democracia moderna, sino una nueva forma de oligarquía a través de la política, los medios de comunicación, y las finanzas. Criticar la democracia liberal, por tanto, no es una denuncia del pueblo, sino una denuncia de las élites. Para Todd, “el verdadero drama para la democracia no es la oposición entre la élite y las masas sino la lucidez de las masas y la ceguera de la élite”. Gauchet evoca “el sentimiento generalizado de desposesión que persigue a la democracia de los derechos. Su mecanismo… erosiona inexorablemente la confianza del pueblo en las oligarquías a las que se han visto obligados a aceptar como representantes o gobernantes”. El populismo es una respuesta clásica a este divorcio, pero se trata, en el mejor de los casos, de una válvula de compensación. En la mayoría de los casos, incluso resulta ser complementario (o ir más lejos) de la situación que denuncia, en la medida en que, sin saberlo, refuerza la potencia de la nueva clase en tanto que permite ser utilizado por la misma como un repositorio.

Como hemos visto, en la democracia liberal, la democracia no se define en términos estrictos de soberanía popular, mediante la atribución de la soberanía al pueblo, sino por una especie de actitud que valora tanto la igualdad de condiciones y la independencia de los individuos, que se ven a sí mismos tan iguales unos de otros como separados socialmente los unos de los otros. Bajo la influencia del liberalismo, la democracia contemporánea intenta organizar la libertad de los individuos, no los mecanismos para que el pueblo decida. En el mejor de los casos, la democracia se define, cada vez menos, como un modo específico de gobierno y, cada vez más, como una modalidad de convivencia. Es una definición “sociológica”, por una parte, y una definición política, por la otra. Pero, ¿qué tiene todo esto que ver con el pueblo?

Grocio, Hobbes, Pufendorf y Rousseau, todos ellos por igual, trataron de mostrar cómo era posible que los individuos se constituyeran como pueblo. Ninguno tuvo éxito porque, partiendo del individuo, nunca se llega a un pueblo. Su enfoque común compartido era imaginar un acto voluntario y racional, cuya aplicación llevaría a la asociación de los hombres y la formación de la sociedad. Así, como Bruno Gnassounou ha remarcado, “nadie ha logrado explicar cómo los individuos particulares podrían haber establecido un contrato con un cuerpo colectivo que, supuestamente, habría sido engendrado por el propio contrato. El final se presupone desde el principio. Es simplemente imposible crear una totalidad a partir de individuos”.

En otras palabras, no puede haber pueblo político si el hombre no es por naturaleza un ser simultáneamente social y político. La misma noción de contrato presupone la preexistencia de un orden jurídico establecido de antemano.

Pierre Rosanvallon habla de una “mutación de la ciudadanía”. De hecho, presenciamos actualmente cómo desaparece la ciudadanía, cómo la democracia contemporánea diluye el sentido mismo de la palabra “pueblo”, ya sea en el sentido de ethnos o de demos, pretendiendo abrir este concepto (aunque sea incapaz de lograrlo) a un “pueblo universal”, llamado a reemplazar al “pueblo nacional”. El pueblo no es una simple suma de individuos, ni puede ser reemplazado por el concepto de “multitudes”, que también dispersa todas las singularidades. Volver al espíritu original de la democracia implica volver a la idea de un pueblo político que llega a la libertad colectiva a través de la participación en los asuntos públicos. Aristóteles, que tendía a apoyar un régimen mixto, ya definió al ciudadano democrático por su capacidad para “participar en el poder deliberativo y judicial de cualquier Estado”. Pero el poder del pueblo, ciertamente, que nunca se realice plenamente. Se concibe, primeramente, como una especie de aspiración, dentro de una tensión. A este respecto, Norbert Lenoir no se equivoca al decir que “la democracia es, a la vez, el poder imposible de la gente y el intento de crear un poder para la intervención política de los ciudadanos”. Sin embargo, aunque la participación no puede ser jamás integral, es lo que mejor permite aproximarse al verdadero poder popular, precisamente al reducir la distancia entre el poder y el pueblo.

A través de la participación, la gente no sólo ejerce su poder; también refuerza constantemente su existencia como pueblo, y transforma la democracia en la forma consumada de su existencia como pueblo. Esto es lo que Marx invoca cuando, en su Crítica de derecho político de Hegel (1843), sitúa la esencia de la “verdadera” democracia en la “autoconstitución del pueblo como sujeto”.

La “sociedad civil” es lo que se está ofreciendo, hoy en día, como un sustitutivo para reemplazar al pueblo. Según Gauchet, “el Estado tiende a convertirse en un espacio para la representación de la sociedad civil, sin que tenga ningún rol el sentido de superioridad jerárquica ni un papel en la formación de su unidad histórica”. La sociedad civil no es más que la suma de intereses creados por los grupos o los individuos. Por su naturaleza, sólo defiende los intereses categóricos, lo cual la inhabilita para sustituir al Estado mediante la formulación de un proyecto colectivo auténtico o el desarrollo de una regulación conjunta de la sociedad.

La importancia dada a la sociedad civil es, en efecto, una manera de dotar a la acción de los grupos de interés y de los grupos de presión, todos ellos igualmente representativos de esta “sociedad civil”, con la obligación de defender los intereses o privilegios categóricos, que tiene por efecto potencial, no ya una tiranía de la mayoría sobre las minorías, sino una tiranía de las minorías sobre la mayoría. El auge de la sociedad civil es equivalente, desde este punto de vista, a la creciente presión sobre la opinión pública. La “democracia de opinión” es aquella en la que las encuestas tienen más importancia que las elecciones reales y en la que las imágenes instrumentalizadas retransmitidas por la televisión son más importantes que las ideas o incluso los hechos. “Esta dictadura de los medios de comunicación y de las encuestas de opinión”, sentencia Régis Debray, “transforma el gobierno en un gestor-administrador del día a día, que se centra en los supuestos deseos de la opinión pública, tratando de anticiparse a ellos o de prevenirlos. Así encontramos, por ejemplo, el nacimiento de una diplomacia que reacciona instantáneamente a todo con el fin de evitar toda atención duradera sobre cualquier asunto, que salta de una imagen a la siguiente sin ninguna memoria o intención”. Debray nos recuerda que “en la jerarquía de la filosofía, la opinión es el nivel más bajo de conocimiento”, y que “siempre es lo opuesto a la convicción, que no es una cuestión de sentimiento, sino de existencia. No se muere por una opinión; se muere por convicción”.

La democracia participativa tiene poco en común con la sociedad civil en la medida en que necesita, sobre todo, un espacio público, un lugar común que permita a la gente del pueblo su existencia política y el ejercicio de su poder. El espacio público es el lugar para la articulación entre el demos y la polis, el lugar –que establece una vinculación– en el que la gente vuelve a ser y sentirse pueblo. Obviamente, no tiene nada que ver con las relaciones públicas o la publicidad, ni debe ser confundido con el espacio del Estado. Más bien, está ligado a una representación territorial y geográfica. El sentido original del demos es “tierra habitada por un pueblo”, lo que indica inmediatamente que el pueblo tiene, sobre todo, un significado telúrico. Joelle Zask escribe: “En la democracia, ¿cómo se puede producir la unión y la unanimidad de voluntades, intereses y diferentes necesidades individuales? La respuesta sensata es “a través del contacto”, pero uno piensa con frecuencia el contacto en términos de proximidad física. Las personas tienen que tocarse, de una manera u otra. De ahí la utilidad de pensar en términos de espacio… En un sentido general, se puede afirmar que es sólo cuando los individuos están en contacto unos con otros, cuando tienen la oportunidad de forjar ideas comunes”. Como bien lo había visto Gabriel Tarde, que se opuso a Gustave Le Bon en este punto, “la desespacialización de la vida política tiende a sustituir al pueblo por el público”, que Tarde considera como el “grupo social del futuro”. Tarde no estaba equivocado. Los “públicos” modernos se caracterizan por la dispersión y la ausencia de las relaciones mutuas, y su vitalidad no se debe, para nada, a convicciones comunes o valores compartidos. El “público” no busca la autonomía, sino la independencia. En este sentido, “público” no designa nada sustancial ni permanente.

También es un error imaginar el espacio público como algo puramente deliberativo y procedimental, como hace Habermas –que habla de manera significativa de la “esfera pública” en lugar del “espacio público”–, porque el respeto a las reglas formales y de comunicación no dice nada sobre la forma de adopción de las decisiones ni sobre el valor de las decisiones con respecto a los que determinan el resultado. Las reglas, en sí mismas, son siempre vacías. Como Gnassounou señala acertadamente, “la apelación a los espacios comunicativos y a los procedimientos… implica, sobre todo, negarse a permitir que la comunidad pueda gobernarse a sí misma. Para el autogobierno no debe imponerse otra ley, ya que se ajusta a una ley superior, sino identificar un fin en sí mismo”. Entonces, elegir un fin presupone un acuerdo previo sobre el bien común.

Lo anterior nos permite comprender las consecuencias probables de la “posdemocracia”. Los dos nuevos fenómenos políticos principales son, por un lado, la aparición del tema de la “gobernanza” y, por otro, el surgimiento de los populismos, fenómenos que ya hemos analizado en otro lugar.

Originalmente un corolario del “gobierno corporativo”, el tema de la gobernanza, en la que Marc Hufty ve el triunfo del “pensamiento contable”, tiende, a escala internacional, a transformar los gobiernos en organismos de gestión inspirados ​​en los métodos económicos y degradarse ellos mismos hasta el rango de instrumentos subordinados a los imperativos económicos y, especialmente, financieros. En correspondencia con la “gran disrupción” (alteración) descrita por Francis Fukuyama, la gobernanza depende simultáneamente de la “sociedad civil”, como sustituto del pueblo político, así como de la “convergencia de elección a escala internacional, debidamente secretada por la connivencia de los círculos gobernantes” (Gauchet).

La gobernanza rompe la jerarquía clásica de la gestión de los asuntos públicos. El Estado pierde su poder simbólico y se ve confinado al papel de un agente regulador, ya que las decisiones se adoptan, cada vez más, por actores cooptados (sin legitimidad democrática) sobre la base de los intereses negociados en los niveles superiores, dejando los asuntos locales abiertos a las vagas consultas con los representantes autoproclamados de la sociedad civil. La inversión de las relaciones entre el poder y la sociedad se vuelve total. Equivale a la primacía de los intereses sobre el valor de la norma negociada, sobre la ley votada, convirtiendo al juez en legislador. El modelo resultante consiste en la imitación, en la dirección de los asuntos públicos, de la gestión de las empresas privadas, basado en la creencia de que “en todos los dominios, tanto las sociedades como las relaciones entre los países, pueden ser regidas por los mecanismos de equilibrio automático que operan en mercado económico”, y sobre la convicción de que “las grandes cuestiones de importancia colectiva deben evadir los caprichos y los errores de la voluntad mayoritaria, debiendo obedecer, en su lugar, a las decisiones racionales o negociadas al más alto nivel pero condicionadas por los cambio de equilibrio más allá del control o de la voluntad de los Estados”. Finalmente, por supuesto, la “gobernanza es ajena a la realización de un proyecto a medio o largo plazo diseñado para satisfacer un bien común que se ha convertido en impensable o una voluntad mayoritaria que es considerada como potencialmente opresiva”.

La gobernanza pretende la privatización de la sociedad global sobre el modelo de mercado. Sin embargo, el mercado no es realmente compatible con la democracia. Se requiere la supresión de las fronteras, mientras que la democracia sólo puede ejercerse dentro de un sistema político determinado. Esto implica que los mecanismos económicos se emancipen de cualquier tutela política ordenada al bien común. El economista Robert Reich, autor de Supercapitalismo, nos recuerda que “ninguna empresa puede sacrificar sus ganancias para el bien común”. La unificación del desarrollo de los mercados, en un sentido histórico, es el resultado directo de la separación entre el trabajador y los medios de producción –es decir, de la autonomización de la economía–, una separación que se remonta al movimiento de “enclaustramiento” durante la revolución industrial inglesa, que condujo a que dos elementos, considerados anteriormente como innegociables, el hombre y la tierra, comenzaran a ser considerados como “bienes económicos”, productos para la venta en el mercado. Por último, la experiencia histórica muestra también que el capitalismo puede coexistir, no sólo con un régimen puramente oligárquico, sino también con un régimen autoritario (ayer en Chile, hoy en China), lo que refuta la idea de que la economía de mercado crea automáticamente las condiciones para la democracia.

El uso cada vez más repetitivo del término “gobernanza” atestigua, según Hermet, “una voluntad de reprimir el concepto de gobierno, con su connotación política, sinónimo de que la prioridad de la autoridad pública y del interés general está por encima de los intereses y actores privados. La gobernanza es el fin de la política y, con ello, el fin de la democracia civil”. Obedece a “un principio antipolítico que considera al pueblo como un reputado ignorante y muy versátil a la hora de expresar sus puntos de vista… la noción de gobernanza corresponde a la instauración de un sistema de dirección y control que no es, genuinamente, un régimen político”.

La crisis actual de la democracia es, ante todo, una crisis de la política. ■ Fuente: Krisis