Contra la desespañolización: para acabar con el régimen del 78, por Jesús Sebastián Lorente


Si en algo estamos de acuerdo los auténticos defensores de España, por muy sorprendente que pueda parecer, con los izquierdistas, los separatistas y los terroristas ‒aunque, evidentemente, con distintos objetivos‒, es en que, de una vez por todas, “hay que acabar con el régimen del 78”. Una especie de “pacto de circunstancias” que abrió la historia de España a su desvertebración y posterior desmembración, mediante el juego de la alternancia de los dos partidos mayoritarios (uno, presuntamente de derechas, el otro, sólo hipotéticamente de izquierdas) y la complicidad interesada y manifiesta (cuando no el apoyo incondicional a cambio de privilegios territoriales y financieros) de las oligarquías nacionalistas vasca y catalana. La impunidad con la que han actuado estos cuatro actores (versión política de los cuatro jinetes apocalípticos) nos ha conducido a cuarenta años de tiranía, corrupción, chantaje y desespañolización, mientras que la supuesta derecha se apuntaba a la moda de la “expertocracia” y la “tecnocracia” en la gestión de los recursos, simple filial de la gobernanza mundial neoliberal, y la hipotética izquierda se hacía con el control de todos los resortes mediáticos, universitarios, educativos y artísticos, apostando por la internacionalización de los conflictos y la protección de las “minorías” (étnicas, sexuales, religiosas), a la vez que tejía una alianza contranatura con los viejos nacionalistas.

La Constitución del 78, a pesar del mito de su intangibilidad, no es intocable. Nos han repetido hasta la saciedad que sólo admite pequeñas y puntuales reformas o modificaciones. Pero lo que es necesario ya no es modificarla, sino sustituirla. Si apostamos por “liquidar el régimen del 78” no es, precisamente, como quieren los “traidores”, para profundizar en los demonios que su aprobación desencadenó. Sino para volver atrás y comenzar de nuevo.

La Constitución del 78 consagró un modelo electoral y territorial diabólico, entonces concebido simplemente como una componenda para pacificar los territorios supuestamente irredentos de una “nación cerrada en falso”. Abrió la puerta a la existencia de “nacionalidades” (sic), concepto al que inmediatamente se apuntaron los levantiscos para patentar sus “hechos diferenciales” (otra vez sic), cuando la “nacionalidad” es un concepto exclusivamente civil de carácter personal (la “nación” es España, la “nacionalidad” es la española, y luego está la “vecindad” regional, civil o foral, que puede ser catalana, valenciana o murciana), y no una delimitación territorial de carácter histórico y político. Con la aceptación de este grave error jurídico-institucional se propiciaba el tránsito de un dudoso “principio de las nacionalidades” (ideado por el presidente norteamericano Wilson para la reorganización etnonacional de Europa central tras la caída del imperio austrohúngaro) a la reivindicación del “estatuto de nación” por parte de ciertas minorías antiespañolas.

Quizás en aquel fatídico momento del 78 hubiera sido más razonable manejar un “sistema federal”, pero la “memoria histórica” obturaba las preclaras mentes de nuestros (de nuevo sic) “padres de la Constitución”. Prefirieron crear un engendro autonómico que a nadie dejaba satisfecho y que llevaba en su seno el germen de la descomposición. Federar no implica necesariamente “pactar” una asociación entre actores nacionales en condiciones de igualdad, lo que no era el caso, sino que puede concebirse y utilizarse “a la carta”, es decir como un ejercicio de distribución territorial, no del poder político, sino de la gestión administrativa, esto es, como una “descentralización” bajo control. Federar no supone automáticamente la concesión legislativa y ejecutiva de competencias fiscales, educativas, sanitarias, etc., sino la delegación de la ejecución de la legislación del Estado y de la gestión de los recursos financieros por él puestos a disposición de un territorio, siempre bajo la superior dirección política del Estado federal. En fin, federar, pese a la mala prensa que rodea a este concepto, es un sistema flexible que puede adaptarse a diversas circunstancias y contingencias, como lo demuestra la gran variedad de “estados federados”, todos ellos distintos tanto en su formalización como en su materialización. Federar pudiera haber sido la solución entonces, pero no ahora. En aquel momento hubiera sido posible “federar” a dos entes territoriales problemáticos (País Vasco y Cataluña), pero se optó por “comunitarizar” a diecisiete, algunos de ellos auténticas aberraciones históricas. Entonces hubiera sido posible, pero no ahora: ya no es posible federar, sino (re)unir, (con)juntar. Una España rota, quebrada, fracturada, por culpa de los herederos del “régimen del 78” y de los traidores que quieren acabar con la soberanía y la unidad nacional, sólo para sustituirla por una “confederación internacional de pueblos ibéricos” enfrentados y airados, donde reine lo más crudo del leninismo, del trotskismo y del estalinismo. Ver cómo se forja una alianza conspirativa entre nacionalistas (burguesía vasca y catalana, celosa de sus prebendas) e internacionalistas (comunistas y terroristas), no tiene precio. O quizás sí: el fin de España.

Algunos de los partidos políticos de ámbito nacional-estatal, situados en la izquierda, tienen, no obstante, la solución mágica: reconocimiento del estatuto de “Nación” y/o de “Estado federado” a Cataluña y País Vasco ‒a los que, seguramente, seguirían, Galicia, Navarra, Valencia, Islas Baleares y Andalucía‒, concesión de una especie de concierto fiscal a Cataluña ‒los vascos ya lo “explotan”‒ y constitución de una suerte de Estado federal con territorios de primera, territorios de segunda y territorios en el limbo, y lo que es peor, ciudadanos de primer nivel ‒los desleales‒ y ciudadanos sin nivel ‒los leales. Se premia la traición, se penaliza la fidelidad. La fiesta separatista la pagaremos entre todos, por supuesto, no sólo con los sentimientos y las pasiones, sino con nuestros impuestos (los de los españoles, me refiero). De esta forma, los políticos estatales podrán seguir corrompiéndose y vendiéndose al mejor postor, los políticos nacionalistas podrán continuar esquilmando a sus pobres pueblos irredentos y seguir chantajeando al resto de los españoles, y los políticos izquierdistas podrán continuar conspirando para destruir España, después Europa y mañana… el mundo.

Y todo esto ¿para qué? Pues para seguir por el mismo camino que se inició en el 78. Se pacta una tregua-trampa y continuamos juntos unos cuantos años, hasta que el dragón híbrido (separatista y comunista) vuelva a arrojar fuego y ya sea demasiado tarde. Roma no pagaba traidores, nosotros los subvencionamos. Acabemos de una vez por todas con el “régimen del 78” y sus lacayos. Acabemos también, definitivamente, con todos los que quieren liquidar el “régimen del 78”, objetivo tras el que ocultan su única y perversa intención: liquidar España. Liquidémoslos, pues, a todos ellos (políticamente, se entiende) y volvamos a “hacer España”. Vivimos un momento histórico. Volvamos a Covadonga, reiniciemos la Reconquista. A ver si esta vez lo hacemos mejor.