Sólo el choque con la realidad puede despertar de un sueño dogmático. Entrevista a Alain Supiot, por Catherine André


Profesor emérito del Collège de France, titular de la cátedra "Estado social y globalización: análisis jurídico de la solidaridad", el jurista Alain Supiot, autor de numerosos libros, L'esprit de Philadelphie, La gouvernance par les nombres, Le travail n'est pas une marchandise y La force d'une idée, por nombrar solo algunos, vuelve para Alternatives Economiques sobre las creencias y el programa neoliberal que condujeron al desmantelamiento metódico de los pilares del Estado social, cuya utilidad se redescubre repentinamente gracias a la crisis sanitaria. Este gran especialista en derecho laboral, fundador del Instituto de Estudios Avanzados de Nantes, nos da su análisis.

La pandemia de coronavirus arroja una dura luz sobre la fragilidad del sistema de salud y del personal sanitario tras décadas de recortes presupuestarios. Irónicamente, Emmanuel Macron niega sus propias políticas y creencias en su discurso del 12 de marzo. ¿Cuál es su análisis?

Por mi parte, no lo llamaría una negación, sino más bien un choque de la realidad. Es la creencia en un mundo manejable como una empresa que hoy en día choca brutalmente con la realidad de riesgos incalculables. Este choque de la realidad no es el primero. Ya en 2008, la creencia en la omnipotencia de los cálculos de riesgo se había topado con la realidad de las transacciones financieras, que siempre se basan en última instancia en la confianza en individuos singulares. No invertimos impunemente el orden institucional, que coloca el plan de cálculos de utilidad bajo los auspicios de un organismo a cargo de la incalculable participación de la vida humana.

Desde los tiempos modernos, es el Estado el que ocupa esta posición vertical y es el garante de esta parte incalculable, ya se trate de una cuestión de identidad y seguridad de las personas, de la sucesión de las generaciones o de la preservación de la paz civil y los entornos vitales. Esta garantía es indispensable para el libre desarrollo del plano horizontal de los intercambios entre individuos, en particular los intercambios comerciales.

Es el derrocamiento de este orden legal e institucional que caracteriza el pensamiento neoliberal. Basado en la creencia en un "orden de mercado espontáneo", llamado a gobernar a escala mundial, lo que Friedrich Hayek llamó la "Gran Sociedad", el neoliberalismo pone al derecho y al propio Estado bajo la égida de los cálculos de utilidad económica, y promueve así un mundo plano, purgado de toda verticalidad institucional y solidaridad organizada. La globalización, nuevo avatar de las experiencias totalitarias del siglo XX, es un proceso del advenimiento de un Mercado Total, que reduce a la humanidad a un polvo de partículas contráctiles impulsadas por su único interés individual, y a los Estados a instrumentos de aplicación de las "leyes naturales" reveladas por la ciencia económica, entre las que destaca la apropiación privada de la tierra y sus recursos.

La dimensión religiosa de esta creencia fue percibida muy pronto por Karl Polanyi, observando ya en 1944 que "el proceso puesto en marcha por el motivo de la ganancia sólo puede compararse en sus efectos con el estallido de fervor religioso más violento de la historia". El fervor religioso es impermeable a las críticas, por moderadas y racionales que sean. Sólo el choque con la realidad puede despertar de un sueño dogmático. La crisis financiera de 2008 debería haber hecho sonar este despertar del sueño neoliberal. Pero muy rápidamente se convirtió en un argumento para "subir una marcha". Esta fue la consigna de la OCDE, que en 2010 instó a no cuestionar "los principios que se han defendido durante muchos años", sino a intensificar las políticas destinadas a flexibilizar los mercados laborales, a "lograr aumentos de eficiencia en el gasto, especialmente en educación y salud, y a evitar aumentos fiscales importantes".

Así que volvimos a dormir, pero un sueño cada vez más agitado por la evidencia de la naturaleza ecológica y socialmente insostenible de la globalización, por la migración de masas humanas expulsadas de sus hogares por la miseria, por la ira sorda de las poblaciones contra el aumento de las desigualdades y la degradación de sus condiciones de vida y de trabajo, ira que ocasionalmente estalló en revueltas anómicas como la de las chaquetas amarillas. Estas tensiones no fueron suficientes para desafiar el programa neoliberal de desmantelamiento del estado social. La retórica esquizofrénica del tipo "al mismo tiempo" no basta para calmarlos, sino que alimenta, en todo el mundo, el auge del neofascismo, hecho de etnonacionalismo y obsesiones identitarias, a menudo condimentado con la negación ecológica.

Hoy, como en 2008, nos enfrentamos a riesgos incalculables que ninguna compañía de seguros puede garantizar. Y hoy, como en 2008, como en todas las grandes crisis, miramos al estado para asumirlas. El Estado, que se espera que utilice todos los mecanismos de solidaridad instituidos en el período de posguerra ‒servicios públicos, seguridad social, protección de los empleados‒ y si es posible inventar otros nuevos.

Por lo tanto, no podemos sino alegrarnos de que el Presidente de la República  francesa tome conciencia, y cito: "Que la asistencia sanitaria gratuita, sin condición de ingresos, antecedentes o profesión, nuestro estado de bienestar no son costos o cargas sino bienes preciosos, bienes indispensables cuando el destino ataca". "Sólo podemos estar de acuerdo con su afirmación de que una nación democrática se basa en "hombres y mujeres capaces de poner el interés colectivo por encima de todo, una comunidad humana unida por valores: la solidaridad y la fraternidad". Sólo podemos saludar su homenaje a "esos miles de admirables mujeres y hombres que no tienen otra brújula que el cuidado, ninguna otra preocupación que la humana, nuestro bienestar, nuestra vida, simplemente". Un homenaje tanto más meritorio cuanto que todas estas personas no sueñan con hacerse millonarias y no tienen lugar en el andamiaje mental del neoliberalismo.

Frente al movimiento de desmantelamiento del Estado social, ¿cuál es el futuro de la justicia social y del trabajo no alienante frente al "mercado total"?

El Estado social, cuyas virtudes se están redescubriendo como consecuencia de la actual epidemia, se apoya en tres pilares que, en efecto, han sido metódicamente socavados por cuarenta años de políticas neoliberales.

La explotación ilimitada del trabajo humano terminó por amenazar los recursos físicos de la nación, justificando la intervención del legislador para limitar el horario de trabajo de los niños en Francia con la ley del 22 de marzo de 1841, y luego de las mujeres con la ley del 2 de noviembre de 1892. A partir de estas primeras leyes, el derecho laboral, al insertar un estatuto protector en cualquier contrato de trabajo, se obliga a tomar en consideración, más allá del corto tiempo de intercambio en el mercado laboral, el largo tiempo de vida humana y la sucesión de generaciones.

El segundo pilar es la Seguridad Social, cuya invención respondió a la misma necesidad de proteger la vida humana de los efectos perjudiciales de su sumisión a la esfera comercial. La primera piedra fue la adopción en todos los países industrializados de leyes (en Francia, la ley de 1898) que garantizaban la indemnización por accidentes de trabajo. Al hacer responsables a las empresas de los daños causados por su actividad económica, estas leyes abrieron el camino a la idea de la solidaridad ante los riesgos de la existencia. Esta idea siguió afirmándose después, dando lugar a los primeros regímenes de seguridad social y luego a la invención del sistema de seguridad social. Según los términos (aún vigentes) del primer artículo del Código de Seguridad Social, la seguridad social "se basa en el principio de la solidaridad nacional", que la distingue tanto de la caridad pública (asistencia o protección social) como del seguro privado. Heredado de la tradición mutualista, el sello distintivo del modelo de seguridad social francés establecido en 1945 ha sido su autonomía respecto del Estado, que es el garante y no el administrador.

Finalmente, el tercer pilar del Estado social es el concepto de servicio público, según el cual un cierto número de bienes y servicios, la salud, la educación, el correo, la energía, el transporte, etc. deben ponerse a disposición de todos los ciudadanos en condiciones de igualdad, continuidad y accesibilidad.

¿Cuál es su fundamento jurídico-constitucional?

En Francia, estos pilares recibieron una base jurídica constitucional al final de la Segunda Guerra Mundial y por eso, a diferencia, por ejemplo, de las reformas del New Deal americano, ninguna de ellas ha sido revocada hasta ahora.

Pero de acuerdo con la divisa neoliberal que llama a "deshacer metódicamente el programa del Consejo Nacional de la Resistencia", cada uno de ellos ha sido objeto de un trabajo de socavamiento, que se ha acelerado mucho bajo la presidencia de Emmanuel Macron.

El derecho laboral se ha debilitado tanto en su estructura, por el repliegue del orden público social en favor de las negociaciones de empresa, como en su alcance, por la "uberización" a la que el Tribunal de Casación acaba de dar una saludable sentencia, que pretende reducir su ámbito de aplicación. Lo mismo ha ocurrido con los servicios públicos, cuyo alcance se ha reducido por la privatización o la introducción de la competencia para muchos de ellos, y cuya estructura se ha debilitado al pretender gestionarlos "como empresas" y dirigirlos por indicadores, con los efectos devastadores que conocemos, de la desertificación de la llamada Francia periférica o la quiebra del hospital público.

Este movimiento dual también funciona en el ámbito de la seguridad social. El fracaso, a finales de los años noventa, de los planes para abrir el "mercado" muy lucrativo de la cobertura de riesgos de salud y vejez a los seguros privados y a los fondos de pensiones llevó a la adopción de lo que Didier Tabuteau llamó la "técnica del salami". Es decir, la privatización en láminas finas de sus partes más lucrativas, como el "pequeño riesgo" en materia de salud, o la cobertura de los riesgos del desempleo, la familia y ahora la vejez para los titulares de los ingresos más elevados. Esta reducción del alcance se ha combinado también con una reforma estructural, menos frecuente, que consiste en la nacionalización de la seguridad social y, en primer lugar, de sus recursos, de los que el Gobierno dispone ahora como considera oportuno, haciéndole soportar la carga que decide con fines políticos.

¿Qué peso tiene la legislación europea en este desmantelamiento?

El derecho europeo se ha convertido en un instrumento para adecuar la legislación nacional a las doctrinas neoliberales, que ven el estado de bienestar no como una condición para el buen funcionamiento del estado social, sino, por el contrario, como un obstáculo al orden del mercado y a las libertades económicas. Como observó Fritz Scharpf ya a finales del siglo XX, el derecho de la Unión es, por tanto, capaz de erosionar los sistemas de solidaridad construidos democráticamente a nivel nacional, pero incapaz de sustituirlos por la solidaridad europea. Las respuestas puramente nacionales a la pandemia actual son otra manifestación de esta incapacidad, que ya se puso de manifiesto durante las crisis financieras, monetarias y migratorias de los últimos diez años. La única solidaridad que la UE ha logrado organizar es la de los contribuyentes para salvar a los bancos de la quiebra.

Lejos de la Europa de las patrias querida por De Gaulle, o de la unión política que Jean Monnet y Robert Schuman pensaron que podían establecer mediante el desvío del Mercado Común, la Unión Europea ha hecho realidad el sueño neoliberal descrito ya en 1939 por Friedrich Hayek, de una federación de Estados, capaz de una competencia libre y sin distorsiones, porque está al abrigo de las exigencias democráticas de justicia social y solidaridad. Sin embargo, la viabilidad a largo plazo de esta criatura institucional sin cabeza política y sin base democrática es dudosa.

Usted escribe que hemos pasado de un régimen de derecho a un régimen de "gobierno por números". ¿De qué manera?

En el marco del liberalismo clásico, las fuerzas del mercado se ejercen dentro de los marcos constitucionales y jurídicos nacionales, que las canalizan y domestican. El neoliberalismo tiene la nueva característica de poner el derecho mismo bajo la égida de los cálculos de utilidad económica: este es el objeto de la teoría del Derecho y la Economía, que se enseña ahora en las mejores universidades americanas y europeas, y cuyo padre Richard Posner podría lógicamente afirmar que "si las apuestas son suficientemente altas, la tortura está permitida". En efecto, si todo es cuestión de calcular la utilidad y la proporcionalidad, ningún principio jurídico es intangible, ni siquiera el de la igual dignidad de los seres humanos. Esta teoría, que se ha difundido en las universidades más prestigiosas, ha sido ampliamente aplicada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ha influido en la jurisprudencia de nuestros más altos tribunales.

Esta sumisión de la ley a los cálculos de utilidad arroja luz sobre otra diferencia importante entre el neoliberalismo y el liberalismo, que consiste no en prohibir, sino en privatizar ciertos sistemas de mutualización construidos por el Estado social. Tal fue, por ejemplo, la hoja de ruta dirigida por el Banco Mundial a los Estados en materia de pensiones. En su informe de 1994, titulado Evitar la crisis de la vejez, los instó a reducir las pensiones de reparto en favor de las pensiones de capitalización y a reducir las pensiones de prestaciones definidas en favor de las pensiones de contribución definida.

Este doble movimiento tenía por objeto permitir, y en los países que siguieron estas instrucciones, que los fondos de pensiones ganaran fuerza y se convirtieran en actores importantes en los mercados financieros, con las catastróficas consecuencias para los pensionistas que conocemos cuando, como hoy en día, los precios del mercado de valores se derrumban. En Francia, la Ley Thomas, aprobada en 1997, fue un primer intento de aplicar estas directrices del Banco Mundial. Fue un fracaso debido al apego de la población al sistema heredado de 1945. De ahí el nuevo intento del actual gobierno y la oposición que suscitó entre los empleados, cuyas diversas condiciones de trabajo son ignoradas en esta reforma y que se ven privados de toda certeza en cuanto al futuro importe de sus pensiones.

Ante la emergencia democrática, ¿cuál es la capacidad de resistencia de la forma jurídica?

Tiene razón al hablar de la resistencia. La constitucionalización de los derechos sociales permitió mantener un Estado social en Francia, que fue barrido fácilmente en los países en los que no tenía una base jurídica sólida. La ley actúa entonces como un ancla flotante, que puede frenar los cambios de rumbo políticos sin impedirlos. Pero su función no es sólo pasiva, ya que también tiene una fuerza motriz. Esto se demuestra con la adopción en 1946 del preámbulo de la Constitución, que fue el fruto de las reflexiones de la Resistencia.

Proclamar la igualdad entre hombres y mujeres, la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas o la protección de la salud no se quedó atrás, sino que fue, y sigue siendo, muy superior a los hechos. En momentos de peligro, como los que estamos viviendo, hay y siempre habrá hombres y mujeres que, en lugar de creerse los juguetes de las fuerzas inmanentes, se preguntarán, a la luz de la experiencia histórica, sobre las causas de sus males y sobre el mundo que quieren construir juntos. Y la respuesta a esta pregunta necesariamente toma la forma juridica de un mundo como debería ser.

Desde este punto de vista, el mito de un crecimiento indefinido, que ha alimentado el estado social, ha embotado nuestra capacidad de hacer estas preguntas esenciales. Desde el New Deal y los Gloriosos Treinta, se ha creído que un continuo aumento de la riqueza podría hacer posible prescindir de la cuestión de la justicia en un momento dado y en una sociedad histórica determinada. Esta es una de las ambivalencias de la cuarta libertad proclamada por Roosevelt, la libertad de la necesidad, que en la perspectiva keynesiana podría entenderse tanto como liberación de la necesidad como liberación de la demanda del mercado.

El Estado social ha trasladado así la estructura del empleo asalariado al nivel colectivo: "Usted se somete, pero a cambio le prometo un enriquecimiento y unas condiciones materiales que mejorarán". Así pues, la cuestión del significado y el contenido de los trabajos ha sido sustituida por consideraciones de eficiencia y eficacia a corto plazo. Sin embargo, esta exclusión ya no es sostenible ante el aumento de los peligros ecológicos y sanitarios, que están estrechamente relacionados.

Seguimos en esta fuerte pendiente de dirigir las sociedades en función de los indicadores económicos, cada vez más desconectados de las realidades vividas por las personas, que toman conciencia del carácter insostenible de este modelo de crecimiento. De ahí la esquizofrenia latente del discurso político, del que "al mismo tiempo" es un síntoma en Francia: "Si quieres trabajar, hay trabajo a 200 kilómetros de aquí, ¡pero sobre todo no gastes en gasoil!». En el plano internacional, el sistema multilateral se ve afectado por la misma esquizofrenia, como lo atestigua el oxímoron del "desarrollo sostenible", que se expresa en forma de una batería de objetivos e indicadores destinados a gestionar el planeta como un negocio.

¿Qué fuentes de esperanza ve?

La crisis sanitaria sin precedentes por la que estamos pasando puede llevarnos tanto a lo bueno como a lo malo. Lo peor sería que alimenta las ya fuertes tendencias al repliegue basada en la identidad y lleva a transportar al nivel colectivo de las naciones, o de las afiliaciones comunitarias, la guerra de todos contra todo lo que el neoliberalismo ha promovido a nivel individual. Lo mejor sería que esta crisis abriera el camino, en sentido contrario a la globalización, a una verdadera globalización, es decir, en el sentido etimológico de la palabra: a un mundo humanamente habitable, que tenga en cuenta la interdependencia de las naciones, respetando su soberanía y diversidad.

Así entendida, la mundialización es un camino que queda por trazar entre los impasses de la globalización neoliberal y los del repliegue sobre sí mismo, que la interdependencia tecnológica y ecológica de los pueblos hace ilusoria. Esta perspectiva de la mundialización corresponde a lo que Marcel Mauss, en un texto de 1920 recientemente desenterrado por Bernard Stiegler, denominó "la internacionalidad". La diversidad de naciones, idiomas y culturas no es un obstáculo, sino por el contrario, el primer activo de que dispone la especie humana en la era antropocena.

Sin embargo, esta ventaja presupone el establecimiento de una cierta solidaridad entre las naciones. Este debería ser el papel de una Unión Europea repensada y refundida. Esta fue la misión asignada tras la Segunda Guerra Mundial a instituciones como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la UNESCO y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Marginados por organizaciones económicas como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial o la Organización Mundial del Comercio (OMC), también ellos merecerían ser reformados profundamente y armados legalmente para estar a la altura de su misión.

Pero hay que admitir que esta esperanza depende de la capacidad de las "élites" políticas, económicas e intelectuales de cuestionarse a sí mismas, de mirar hacia atrás cuando han puesto a sus semejantes en un camino que resulta ser mortal. Sin embargo, esta capacidad sólo se hace evidente frente a la catástrofe.

Ya que es hora de leer en casa, recomendaré la lectura de La Gran implosión, un cuento filosófico publicado por Pierre Thuillier en 1995. Nos transporta después del colapso del orden mundial, que ocurrió en una fecha indeterminada y por una causa indeterminada, tal vez fue una pandemia… Se nombró una comisión de investigación con la tarea de entender por qué, cuando todo se había dicho y predicho sobre los impasses de la loca carrera en la que Occidente se había enfrentado al mundo, no se habían tenido en cuenta estas múltiples advertencias. El valiente profesor Dupin, que preside esta comisión, se asombra constantemente de esta ceguera y también del hecho de que la importancia de la poesía en la vida humana se haya olvidado hasta tal punto. Esperemos, por tanto, que una comisión de este tipo sea nombrada una vez que la actual pandemia haya terminado. Fuente: Alternatives Economiques