La esencia antidemocrática del liberalismo. El Estado de derecho contra el derecho de los pueblos, por Jean-Louis Bernard


El liberalismo no es la democracia, la democracia no es el liberalismo: así podría resumirse la máxima de las “democracias iliberales”, nacidas en reacción a interminable expansión del Estado de derecho en detrimento de los pueblos, los cuales no quieren dejarse desposeer de su soberanía. 

El equívoco conceptual de la democracia iliberal es fruto del divorcio entre las formas institucionales liberales y los principios democráticos de ejercicio del poder. La forma jurídica del liberalismo político es el Estado de derecho, noción esencialmente polémica porque prohíbe cualquier otra visión, tanto del Estado como de la sociedad, que no se limite solamente a respetar las libertades individuales y a regular el Estado mediante el derecho. El concepto de Estado de derecho es garante de una representación del Estado y de la sociedad que se desmarca de otras concepciones: Estado-potencia, Estado-providencia, Estado-teocracia… El Estado de derecho deriva completamente de la metafísica liberal, postulando un reparto entre una esfera de libertad individual ilimitada ‒y anterior al Estado‒ y una limitación de la esfera de intervención del Estado. Más prosaicamente, el Estado de derecho es sinónimo de asignación al aparato estatal del sistema de derechos humanos: por ello, el Estado de derecho debe ser controlado lo más estrictamente posible, especialmente por esa serie de trabas jurídicas que son la separación de poderes y la juzgabilidad de los actos estatales.   

A lo largo del siglo XIX, el enemigo designado por el Estado de derecho fue la monarquía y su expresión institucional, el gobierno. Los liberales y los demócratas establecieron entonces una alianza, unos para limitar el poder (poco importaba su naturaleza), otros para sustituir al monarca. El Estado de derecho y la democracia son considerados como un todo que asegura la preservación de los derechos humanos, la democracia es considerada como virtuosa por naturaleza y, por tanto, asegurada por el liberalismo.

El cuestionamiento del gobierno ejecutivo pasa por el sometimiento a la ley y al principio de legalidad de la administración. Así, la administración sólo puede actuar sobre el fundamento de una ley votada por el Parlamento, es decir, por los representantes del pueblo. Por esta vía, el Parlamento puede controlar la acción del gobierno y, en última instancia, imponer sus vetos. Para asegurar que el gobierno se conforma bien a la legalidad, por tanto al Parlamento, todos los actos administrativos deben poder ser objeto de recurso ante la justicia.

El Estado de derecho (en su acepción formal) es axiológicamente neutro, no adhiriéndose más que a los procedimientos para hacer prevalecer las libertades individuales, puesto que la democracia es percibida como intrínsecamente virtuosa y favorable a los derechos humanos, siendo los procedimientos dirigidos exclusivamente contra el gobierno: toda ley es una prueba de razón y de justicia desde el momento en que deriva de un procedimiento parlamentario.

Es la neutralidad axiológica del Estado de derecho la que le hace caer en picado durante la década de los años 30 en Europa, particularmente en Alemania. Era de esperar que el Estado de derecho, funcional y axiológicamente neutro, se resistiese, pero no fue así. El advenimiento del nacionalsocialismo ilustra la inanidad de tal Estado de derecho, dispuesto a aceptar a sus enemigos siempre que ellos respetasen los procedimientos. El Estado de derecho formal, expuesto a su paroxismo, es un nihilismo.

El Estado de derecho contra la democracia

Los liberales han aprendido de sus errores, la neutralidad axiológica que hizo caer el Estado de derecho es hoy investida por la materialidad de los valores liberales del Estado de derecho. Un Estado de derecho formal no puede ser más que neutro y relativista; un Estado de derecho material no puede ser más que axiológico, por no decir dogmático. Se ve obligado a volver sobre los valores a defender más que sobre las normas. Las normas deben realizarse en el orden jurídico de los valores que preexisten a todo orden político, incluso el democrático. Es aquí donde se actualiza el núcleo antidemocrático del liberalismo. El Estado de derecho material, garantizando la intangibilidad de los valores liberales contra la voluntad democrática, pone en tensión la Constitución, que proclama la soberanía del pueblo, pero también la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano.

El fenómeno más emblemático de la emergencia del Estado de derecho material es la constitucionalización de las democracias. La Constitución se presenta como una norma jerárquicamente superior a la ley, pero también axiológicamente portadora de valores que condiciona la creación legislativa. La Constitución circunscribe la expresión política al campo ético inamovible que el pueblo soberano no podría derogar. El Estado de derecho material vacía así las leyes de todo contenido político, haciéndolas exclusivamente técnicas. Por el contrario, la Constitución sí que adquiere un contenido político, cuando no una dimensión metafísica, que antes no tenía.

Esta metafísica, que es la del liberalismo, es la negación de cualquier principio superior al individuo. La Constitución, al convertirse en la más alta y definitiva de las instancias normativas, adquiere un lugar considerable en la jerarquía de las normas, se convierte en el punto nodal del edificio jurídico y, por consiguiente, de la vida concreta. Sin embargo, al convertirse en una garantía del Estado de derecho ‒sometiendo la ley a la Constitución‒, la centralidad de la efectividad del poder se desplaza un grado. Este grado suplementario tiene consecuencias políticas: la efectividad del poder no se sitúa ya en la ley, sino en la Constitución. Sin embargo, las modalidades de legitimación de la Constitución no son las mismas que las de la ley. El pueblo vota para elegir los diputados, no para los miembros del Tribunal Constitucional. Este último participa en el “significado competencial de la ley” junto al Parlamento y al Gobierno. Esto crea una disimetría de legitimidad, entre, por una parte, la exigencia liberal del Estado de derecho ‒la constitucionalización para evitar la arbitrariedad de la ley‒, y por otra, el imperativo democrático ‒la soberanía del pueblo sobre toda creación de derecho.

La voluntad popular bajo tutela

En el corazón del Estado de derecho, en sentido material, se alojan, pues, los valores, y estos últimos son el reflejo de una ideología, la del liberalismo. Los liberales se acomodan en la democracia siempre que la misma vaya en su mismo sentido, pero la ignoran cuando los valores que consideran como superiores e intangibles corren el riesgo de ser escamoteados por la voluntad popular. Sin embargo, la democracia reposa sobre un principio de identidad, entre la voluntad de los gobernantes y la voluntad de los gobernados. Desde ese momento, se impone un arbitraje jurídico: privilegiar la noción de Estado de derecho o privilegiar la voluntad popular, la cual puede ser contraria al Estado de derecho. 

La decisión, motivo político por excelencia, se deja al juez. En este sentido, este último desempeña un oficio político. La dimensión antidemocrática reside en la imposibilidad de debatir, derogar o enmendar, esta base ideológica: no sólo está fuera del alcance del poder democrático, sino que es privilegiada por los jueces en detrimento de la voluntad popular.

El principio de identidad sobre el que se apoya la democracia resurge precisamente cuando la decisión adoptada no se corresponde con la voluntad de los gobernados. Se plantea una cuestión que podríamos formular así: ¿Es democrático que un juez decida contra la voluntad de los gobernados?

Esta pregunta tiene dos respuestas posibles: los jueces eligen la voluntad de los gobernados en detrimento del Estado de derecho; o los jueces eligen el Estado de derecho en detrimento de los gobernados, en cuyo caso debe persuadirse a los gobernados, por todos los medios, de que su voluntad ha sido respetada, con todo el potencial que esta mascarada tiene para el totalitarismo: movilización de la educación, de los medios, de la cultura…

La reactualización del iusnaturalismo (derecho natural) en el seno de la Constitución duplica la potencialidad antidemocrática, puesto que el ejercicio del control de constitucionalidad se realiza mediante la interpretación de presuntos valores trascendentes (fundados sobre un derecho iusnaturalista moderno), completando la intangibilidad de ciertas concepciones filosóficas sin ningún recurso de defensa para el pueblo. Sin embargo, todo juicio en democracia puede efectuarse, no en nombre de una trascendencia de los valores, sino de la inmanencia de la voluntad popular. La introducción de una trascendencia de los valores en el enjuiciamiento de las leyes, somete al pueblo a una heteronomía contraria al principio democrático de autonomía del pueblo: el autogobierno. Si este razonamiento fuera llevado hasta el paroxismo, los valores gobernarían al pueblo sin que éste pudiera expresarse.

Es a través de la censura de la ley respecto a los valores trascendentes que la dimensión ética de la Constitución cobra vida, es un politeísmo de los valores lo que se establece. El problema es que hay una suposición implícita: la adhesión general a estas concepciones filosóficas. Este corazón ideológico dentro de la Constitución, la debilita, porque postula la creencia en un cierto número de concepciones filosóficas que caen en cascada a través de la ley y las instituciones. Sin embargo, si creemos cada vez menos en las concepciones filosóficas que sirven de base para el derecho y las instituciones actuales, ¿cuál es el riesgo?, ¿qué pasa si el pueblo deja de creer en una concepción liberal de la vida? El cuestionamiento del liberalismo sacude todo el conjunto de la arquitectura jurídica. Cuanto más se impugnan los valores liberales, más antidemocrático se muestra el Estado de derecho material.

El proceso de constitucionalización del Estado de derecho y el refugio en la filosofía de los valores que entraña dicho Estado material implica, de forma implícita, una desconfianza por parte del pueblo. Un pueblo que no aparece ya ante los liberales como el actor pertinente de una sociedad liberal. Si el Estado de derecho formal era una flecha lanzada contra el poder monárquico, el Estado de derecho material es el síntoma de una desconfianza institucionalizada respecto al poder democrático, siempre sospechoso de no ser lo bastante liberal.

La democracia “iliberal”, respuesta a los desafíos actuales

La democracia es un modo de organización del poder mediante el cual se establece una identidad de voluntad entre gobernantes y gobernados, entre las élites y el pueblo. Esta identidad de voluntad es la condición de posibilidad de la democracia, y no de la del Estado de derecho, el cual es exógeno al proceso democrático. La confusión entre democracia y Estado de derecho mantiene el equívoco sobre el hiatus interno de las democracias liberales ‒a saber, el antagonismo entre la antropología liberal y la antropología democrática. 

La democracia presupone la unidad del pueblo, unidad irreductible a ninguna otra alteridad. El pueblo es pensado como una totalidad actuante en la esfera política, capaz de distinguir un “ellos” y un “nosotros”, un “amigo” y un “enemigo”, a fin de decidir su destino. Porque tal es la clave y el desafío, mantener la homogeneidad de un pueblo para asegurarle su cualidad política. Frente a este desafío, el liberalismo es el disolvente de la unidad del pueblo y, en consecuencia, de la democracia. La antropología liberal no conoce más que el individuo o la humanidad, dos nociones no sólo impolíticas, sino, sobre todo, negadoras de lo político. El Estado de derecho consagra la negación de todo principio superior al individuo a través, precisamente, de la consagración de su propia soberanía. Es aquí donde se aloja la incompatibilidad de la democracia y del liberalismo: la afirmación de dos soberanías, la del pueblo como actor político diferenciado y la del individuo como actor impolítico indiferenciado, soberanías que entran en oposición y confrontación. La paradoja de la democracia liberal es que niega lo propio en que se basa: la política. La democracia liberal degenera en oclocracia porque el liberalismo concibe al pueblo como la suma de individuos y no como una unidad política existencial, y es del todo lógico porque de lo contrario afirmaría un principio existencial superior al individuo. En última instancia, en una democracia, la identidad y la soberanía no forman más que una sola y única cuestión: la existencia política de un pueblo. En resumen, la democracia “iliberal” es la respuesta histórica al desafío de la identidad amenazada y de la impotencia organizada de los pueblos europeos.

Concretamente, el Estado de derecho es hoy la piedra angular del debilitamiento de la democracia. Los tribunales o consejos constitucionales son la flecha clavada en el corazón de la soberanía democrática, de la misma forma que el control convencional ejercido por los jueces es un truco de prestidigitación jurídica destinado al incremento de la intangibilidad de los valores liberales en detrimento de la voluntad popular. El referéndum, como expresión directa y unívoca de la voluntad del pueblo, aparece como el instrumento de gobierno que podría doblegar a los nuevos feudalismos del Estado de derecho, como son el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, la Administración Pública y los organismos internacionales independientes como la Unión europea. En fin, los actos de gobierno podrían ser notablemente ampliados, especialmente en los dominios decisivos que interesan particularmente al pueblo, a fin de construir un espacio jurídico fuera del exclusivo control de los jueces.

El Estado de derecho y la democracia libran un combate silencioso, y la democracia sale perdiendo porque no hay ya una lectura democrática de la democracia, sino una teoría liberal de la democracia. Sin embargo, conceptualmente, democracia y liberalismo son dos nociones distintas sobre cualquier plano: su alianza no es más que el fruto de un desafío histórico. La democracia “iliberal” está en camino de adquirir una significación unívoca por la irrupción de fuerzas históricas singulares que hacen presagiar una reapropiación de la democracia contra el Estado de derecho; la democracia “iliberal” puede ser la respuesta a la voluntad de impotencia que anima a las democracias liberales, bien podría ser la respuesta histórica a los desafíos de nuestra época, restableciendo la relación entre el poder y la protección que, en ningún caso, puede encarnar la democracia liberal. ■ Fuente: Éléments pour la civilisation européenne