El pueblo, entre la secesión y la marginación, por Alain de Benoist (I)


Desde hace algún tiempo, los libros sobre la crisis o sobre las disfunciones de la democracia se multiplican. Sus autores pertenecen, por supuesto, a familias políticas diferentes, pero muchos de ellos están de acuerdo, al menos, en un punto, que parece servir de hilo conductor: la idea de que estamos ya en un “más allá” del modelo democrático que se habría impuesto, poco a poco, en la época de la modernidad. 

La idea más frecuentemente expresada es que estamos entrando en un régimen “posdemocrático” que podría bien definirse como el régimen de la posmodernidad. “Mi tesis, escribe por ejemplo Matthieu Baumier, es que la democracia, si no está muerta, ha conocido una rápida evolución, que ella se está transformando en otra cosa distinta de la que conocíamos: la posdemocracia”.

Los síntomas más visibles de esta crisis han sido descritos con frecuencia: descrédito global de la clase política, abstención, votos puramente protestatarios, fosa que se abre entre lo “alto” y lo “bajo”, sentimiento de desposesión democrática. Sobre todos estos puntos encontramos la presencia de graves y pesadas tendencias que se acentúan regularmente.

Preguntados en otoño de 2005 sobre su percepción de la clase política, el 71% de los franceses declaraban tener una “mala opinión” de sus dirigentes, el 76% afirmaban que no tenían “ninguna confianza”, el 49% los juzgaban “corruptos”. Según otro sondeo, más reciente, el 53% de los franceses estimaban que la democracia funciona hoy “no demasiado bien o no bien del todo”. En fin, según un tercer sondeo, siete de cada diez franceses declaraban no tener “confianza ni en la derecha ni en la izquierda para gobernar el país”. Se trata de un descrédito masivo, que afecta primero a las personas, pero que se extiende también a las instituciones. Este descrédito se manifiesta a la vez por el aumento de la abstención y por la desafección de los grandes partidos políticos, que se estarían convirtiendo cada vez más en meros comités electorales. Los ciudadanos pierden la esperanza en la capacidad de acción de una clase política que no deja de presentar como posibles los objetivos a los que nunca atiende (por ejemplo, el pleno empleo), por lo que su actitud más común oscila entre el desinterés o el rechazo, la abstención o la oposición sistemática. 

Este distanciamiento entre los electores y sus representantes manifiesta una evidente fractura sociológica, puesto que se presenta mucho mayor cuando la situación social de los electores es difícil o precaria. “El sentimiento de conocer una ascensión social o una regresión social, señala al respecto François Miquet-Marty, es ahora más explicativo del voto que el hecho de pertenecer a tal o cual categoría social”. Es incluso un signo del aumento de la subjetividad: la percepción de la identidad social se reduce cada vez más a la evaluación de la situación individual. El vínculo entre lo social y lo político está también quebrado. Recordemos que, en el referéndum sobre el proyecto de tratado constitucional europeo, el 60% de los jóvenes, el 80% de los obreros y el 60% de los empleadores, así como la mayoría de los asalariados (contrariamente a lo que sucedió con el tratado de Maastricht), votaron “no”, siendo el “sí” la mayoría de voto entre la alta burguesía, en los cuadros directivos, los desempleados y los pensionistas.

En su discurso de recepción del premio Nobel de literatura, pronunciado en diciembre de 2005, el dramaturgo Harold Pinter declaraba: “La mayoría de los hombres políticos no se interesan por la verdad, sino por el poder y por mantener el poder. Para mantener ese poder, es esencial que las gentes permanezcan en la ignorancia, bien ignorando la verdad, o incluso la verdad de su propia vida”. Punto de vista que resume bastante bien la opinión más extendida. Todo muestra que ha desaparecido la relación de confianza entre los gobernantes y los gobernados. Así, donde no hay confianza, no hay consentimiento posible, porque la primera es condición necesaria de la segunda.

Nos encontramos, como ya ha constatado una multitud de observadores, ante una gran crisis de la representación. Lo cual debe conducirnos a preguntarnos sobre los límites de la democracia representativa, pero también sobre las relaciones que existen entre la democracia y la representación.

Recordando a Montesquieu, la Antigüedad era ajena a cualquier noción de representación («Los Antiguos no conocían el gobierno fundado exclusivamente en un cuerpo de la nobleza, y menos todavía el gobierno fundado en un cuerpo legislativo formado por los representantes de una nación»). El concepto de representación aparece realmente a principios de la Edad Media, época en la que se forma en el derecho público bajo la significativa influencia del derecho privado (representación del padre para sus hijos, o de los hijos para su padre, del esclavo por su amo, de un monasterio por su abad, etc.). A partir del siglo XVIII, este concepto deviene en una noción clave para el funcionamiento de los regímenes “liberales representativos”. Montesquieu, incluso, es uno de los primeros en defender el argumento, repetido una y mil veces a partir de entonces, según el cual el pueblo, poco apto para decidir por sí mismo está, por el contrario, capacitado para elegir a sus representantes: “es importante que el pueblo haga por medio de un representante todo lo que no puede hacer por sí mismo”. El argumento, remarquémoslo, consiste en decir que en el seno de las colectividades de una cierta extensión, el ejercicio de la democracia directa es técnicamente difícil, si no imposible. Es sobre esa presunta aptitud o inaptitud de un pueblo para tomar las decisiones que le son planteadas, que parece no merecer la pena explicar cómo el pueblo, declarado estatutariamente incapaz de decidir por sí mismo, puede entonces llegar a ser capaz de decidir sobre los que deben decidir en su lugar. Para otros autores, como Benjamin Constant, la necesidad de la representación deriva de la división del trabajo. La tesis es, en todo caso, de origen liberal, puesto que ella extrae su origen de la representación de los intereses en el derecho privado. Una gran parte de la derecha no-liberal se adhiere a esta tesis más tarde, cuando la democracia sea introducida en el ámbito de la costumbre o usos tradicionales, generalmente por la derecha elitista: la democracia es sumariamente definida como consagración de la “ley del número”, y la democracia representativa será entonces percibida como un mal menor, puesto que ella viene a reducir drásticamente el número de los que toman las decisiones. 

Rousseau defendió, como sabemos, la tesis inversa a la de Montesquieu. Partidario del mandato imperativo, sostiene que un pueblo sólo puede perder su soberanía desde el momento en que dimite en beneficio de los representantes. Es importante, dice Rousseau, que el pueblo no deje a sus representantes la capacidad de decidir en su lugar, porque, si ”promete simplemente obedecer, él se disuelve en este mismo acto, perdiendo su cualidad de pueblo; desde el instante en que hay un dominador, no hay ya soberanía, y por tanto, el cuerpo político es destruido”. La observación no carece de cierta lógica. No es, sin embargo, este punto de vista el que prevalecerá: el 26 de agosto de 1789, la célebre Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano es votada por los “representantes del pueblo francés”, y durante toda la Revolución el título de mayor respeto será el de “representante del pueblo”. 

Desde entonces, las democracias occidentales son casi todas democracias representativas, constitucionales, parlamentarias y liberales. La parte que hace un ejercicio directo de la soberanía es ínfima o nula, lo esencial del juego político recae en los representantes y las prerrogativas de los ciudadanos se limitan a designar a estos últimos en las consultas electorales. El mandato imperativo, consistente en dar a los representantes las instrucciones precisas que deben respetar bajo pena de revocación, no existe realmente –esto es constantemente prohibido en Francia después de la Revolución, por el motivo especialmente de que los representantes lo son incluso de los que no han votado por ellos–, no existe tampoco un hipotético control de los representantes en cuanto al mandato que les ha sido confiado. Desde el punto de vista liberal, los representantes están incluso perfectamente habilitados para ir en contra de la voluntad de los electores siempre que las reglas procesales y formales de su elección continúen siendo respetadas.  Esta es la razón por la que, según Bernard Manin, estas democracias deberían llevar el nombre de “gobiernos representativos” (Raymond Aron hablaba, por su parte, de “regímenes constitucionales pluralistas”). 

Proudhon admitía la representación, pero con la expresa condición de que se implementasen técnicas que permitiesen “organizar la democracia”, pensando realizar, en la medida de lo posible, la identidad de intereses entre los electores y los representantes, gobernados y gobernantes, cuya ausencia en la democracia no sería sino “mistificación” o “tiranía”. “Si el gran acto que tiene por objeto producir la representación nacional, escribía, consiste en reunir, una vez cada cuatro o cada cinco años, una cohorte de ciudadanos designados para hacer nombrar un diputado con un mandato en blanco y que, en virtud del cual, representa no solamente a los que le han dado su sufragio, sino también a los que han votado en contra de él (…) si esto es lo que se entiende por sufragio universal, no hay nada que esperar y todo nuestro sistema político es una mistificación y una tiranía”. Es por ello que Proudhon rechaza la idea de un mandato general otorgado por el pueblo y quiere sustituirlo por una serie de “delegaciones especiales”, que le parecen justificadas en tanto, en su opinión, el pueblo “no es una entidad homogénea, compacta, indiferenciada”.   

No solo la representación no forma parte intrínsecamente de la noción de democracia, sino que muchos autores estiman que una democracia es menos democrática en tanto que ella es más representativa. Esta es, especialmente, la opinión de Carl Schmitt, el cual también defiende la tesis de la incompatibilidad funcional del liberalismo y la democracia. 

En su “Teoría de la Constitución”, donde distingue tres formas diferentes de representación, Carl Schmitt señala muy bien que la que corresponde a la concepción liberal del Estado está directamente prestada de las técnicas del derecho privado: la representación del electorado resulta de la adopción en la esfera política del modelo de mandato que permite la representación (Vertretung) de los intereses privados, individuales o colectivos. Cabe señalar, sin embargo, que un mandatario es normalmente requerido para rendir cuentas durante su mandato y puede ser revocado en el curso de ese mandato, lo que no sucede en el caso de los representantes parlamentarios, los cuales, no estando sometidos a un mandato imperativo, no han de rendir cuentas a sus electores y disponen de una inmunidad absoluta por los actos jurídicos realizados en el ejercicio de sus funciones. A esta concepción liberal de la representación, él opone la concepción hobbesiana de la representación (Repräsentation), donde la unidad política del pueblo debe estar representada personalmente “como un todo”. 

Es importante, por ello, cuando hablamos de la “crisis de la representación”, entender que, en un principio, la representación era sobre todo un medio para evitar que el pueblo pudiera expresarse directamente, y que la crisis en cuestión resulta aparentemente de que el pueblo comienza a percibirlo. Esto es lo que constataba Jacques Rancière cuando escribía: «La representación nunca fue un sistema inventado para hacer frente al crecimiento de la población. No fue una forma de adaptación de la democracia a los tiempos modernos y a los vastos espacios. Ella es, de pleno derecho, una forma oligárquica, una representación de minorías que quieren ocuparse de los asuntos comunes (…) La evidencia que asimila la democracia a la forma del gobierno representativo, resultado de la elección, es muy reciente en la historia. La representación es, en su origen, el exacto opuesto de la democracia. Nadie ignora los tiempos de la revolución americana y francesa. Los Padres Fundadores y numerosos de sus émulos franceses querían justamente un medio de la élite para ejercer, en efecto, en nombre del pueblo, el poder que estaba obligada a reconocerle a ese pueblo, pero que no sabría ejercer sin arruinar el principio mismo de gobierno (…) La “democracia representativa” puede parecer hoy un pleonasmo. Pero es, en primer lugar, un oxímoron».

La representación es, en esencia, un sistema oligárquico, ya que inevitablemente conduce a la formación de un grupo dominante, cuyos miembros son cooptados entre sí para defender prioritariamente los intereses que les son propios. Toda la escuela “elitista” de politología (Pareto, Michels, Mosca, Wright Mills) también ha demostrado cómo el sistema de democracia representativa y parlamentaria conduce ineluctablemente a los representantes a instituirse en élite o en oligarquía, cada vez más autónoma en relación a sus representados. Esta es una de las razones por las que, en un célebre texto publicado por primera vez en febrero de 1950, y que fue reeditado después, Simone Weil se pronunciaba por la supresión de los partidos políticos, por el motivo, especialmente, de que un partido “es una organización construida para ejercer una presión colectiva sobre el pensamiento” y que “el único fin de todo partido político es su propio crecimiento, y sin ningún tipo de límite”.

La desconfianza frente a la representación fue también una de las razones de la hostilidad al sufragio universal manifestada en el siglo XIX por las tendencias revolucionarias y libertarias del movimiento obrero. “¡El votante, he aquí el enemigo!, proclamaba la Libertad en 1906 a través de los carteles. En su introducción a las “Reflexiones sobre la violencia” (1908), Georges Sorel escribía: «Todos los diputados dicen que nada se parece tanto a un representante de la burguesía como un representante del proletariado». En la democracia reducida a la representación, el pueblo, por medio del sufragio, puede también ser expropiado de su cualidad de pueblo. «El método democrático consiste entonces en la renuncia consensual a la democracia como contenido», subrayaba Costanzo Preve. El voto no es, en efecto, sino una técnica de agregación de las preferencias conflictuales sancionada por la regla de la mayoría. Y la democracia es reducida a los procedimientos “neutros” de expresión de las mayorías en lugar de ir hacia la instauración de un sufragio universal que tuviera como consecuencia el acceso del pueblo a su soberanía política, en este caso a la capacidad soberana de decisión.

El “pueblo”, además, se ha transformado considerablemente en el curso de las últimas décadas, especialmente por lo que se refiere a las pertenencias de clase. La casi desaparición de las “familias electorales” de tipo sociológico o religioso tiene por consecuencia que el voto se convierta cada vez más volátil, los mismos electores llevan sucesivamente su voto a candidatos cada vez más diferentes. Hoy, más que la convicción religiosa, por ejemplo, es la simple pertenencia socioprofesional el elemento determinante del comportamiento ante las urnas.

Las clases sociales, ciertamente, no han desaparecido (en Francia, la clase obrera todavía comprende a unos seis millones de personas), pero ellas se han reestructurado en complejos estratos y han perdido gran parte de su identidad desde la época del “compromiso fordista”, que ha entrañado el agrandamiento de las clases medidas, en un vasto movimiento de homogeneización de los deseos y de las necesidades, donde todo el mundo quiere un poco más de las mismas cosas, pero sin tener los mismos medios para acceder a ellas. Precisemos que, si la sociedad ha sido incontestablemente homogeneizada por la integración de las masas en el consumo, el compromiso fordista no realizó, sin embargo, la igualdad de condiciones. Bien pudo dispensar un mejor nivel de vida a un buen número de personas a fin de permitir el buen funcionamiento de la economía que, a la vez, permitió a un pequeño número beneficiarse de un nivel de vida inconmensurablemente más elevado y de este modo reforzar el control sobre la sociedad. Privadas de su “habitus”, del modo de vida específico e incluso del lenguaje que les era propio, las capas populares han perdido largamente la consciencia de sí mismas, lo que restringe su capacidad de movilización. Esta perturbación de las referencias se acentúa todavía más hoy por las amenazas de desclasamiento que pesan sobre las clases medias.

Las reivindicaciones populares son así transformadas. Christopher Lasch ya había señalado que “no sólo los nuevos movimientos sociales -el feminismo, los derechos de los homosexuales, el derecho al mínimo ingreso social, la agitación contra la discriminación social- no tienen nada en común, sino que su exigencia está más dirigida a ser incluida dentro de la estructura dominante y mayoritaria que a una transformación revolucionaria de las relaciones sociales”. Estos movimientos, en efecto, no aspiran para nada a un cambio de sociedad, sino, al contrario, a buscar siempre la mayor integración de sus propuestas en el sistema de estructura del poder. Los excluidos, podríamos decir, se declaran incluidos desde el momento en que denuncian la exclusión. Exigiendo al Estado algunos derechos o el reconocimiento jurídico, ellos se convierten, al mismo tiempo, en deudores y acreedores.

Este abandono de toda perspectiva revolucionaria va parejo con una sectorización y una “privatización” de las luchas que también contrastan con los movimientos sociales del pasado. Como recuerda Jacques Rancière, “la querella sobre los salarios es, en principio, una disputa para desprivatizar la relación salarial, para afirmar que no es la relación de un empleador con un empleado, ni un simple contrato entre dos individuos privados, sino un asunto público, que afecta a la colectividad, y revela en consecuencia formas de acción colectiva, de discusión pública y de regulación legislativa. El derecho al trabajo reivindicado por los movimientos obreros del siglo XIX significaba, en primer lugar, lo siguiente: no la demanda de asistencia de un Estado-providencia a la que se quiere asimilar ahora sino, sobre todo, la constitución del trabajo como estructura de vida colectiva arrancada del reino de los derechos e intereses privados y como límite de los procesos naturalmente ilimitados de crecimiento de la riqueza”. (Continuará...)