Una defensa del Estado-nación. Contra la Europa de las regiones, por Charles Sain-Prot


Charles Saint-Prot. Geopolítico, jurista y politólogo, director del Observatorio de Estudios Geopolíticos de París y redactor-jefe de la revista Études géopolitiques, autor de "El Estado-nación frente a la Europa de las tribus", nos ofrece una enconada defensa del Estado-nación frente a la Europa federal de las regiones.

Una doble amenaza se cierne sobre el Estado-nación: el supranacionalismo y el particularismo regionalista (o micronacionalismo). Uno nivela a las naciones, el otro las divide. A este respecto, el asunto de la Carta de lenguas regionales y minoritarias es particularmente emblemático y problemático. En efecto, toda su parte dispositiva y otros innumerables documentos de las diversas instancias eurocráticas se dirigen “contra el Estado-nación”.

El texto de la Carta fue adoptado el 5 de noviembre de 1992 por el Consejo de Europa y sometido a la ratificación de los Estados. El artículo 2 indica que cada Estado signatario se compromete a aplicar un mínimo de 35 medidas elegidas de un catálogo de 98 medidas generales. Este texto es contrario a la mayoría de las Constituciones europeas, por lo que exigiría una modificación de estas leyes fundamentales. Sin embargo, esta necesaria modificación fue sustituida por las mayorías parlamentarias de los Estados miembros que decidieron ratificarla de forma contraria a sus Constituciones y sin someterla a referéndum popular, pues, claramente, la Carta es contraria a los principios de unidad nacional y de igualdad de todos los ciudadanos.

En efecto, además del hecho de que este tema no constituye una prioridad respecto a los problemas considerables de las naciones europeas, la ratificación de la Carta podía tener consecuencias catastróficas para la unidad nacional, porque este texto, como mínimo, está destinado a salvaguardar ciertos particularismos que quieren fragmentar las históricas naciones creando una brecha con las identidades lingüísticas y, al mismo tiempo, abriendo la vía a todos los comunitarismos posibles: lingüísticos, en primer lugar, pero también religiosos, étnicos, sexuales y otros. La Carta establece el reconocimiento jurídico de las minorías, que no siempre son regionales, y que aprovecharán para exonerarse de sus deberes frente al Estado y la nación. En fin, supondrá la destrucción sin precedentes de todas las instituciones y principios que nos han permitido vivir-juntos.

Aquí está la clave. Es la nación, su identidad y su unidad, la que inquieta todavía a la ideología seudoeuropeísta (supranacional y mundialista), teniendo por objetivo esencial poner fin a la soberanía del Estado-nación “para formar una Europa federal de perfil étnico”. Una ideología que tiene como obsesión hacer saltar el cerrojo de la nación, como proclamaba el banquero Edmond de Rothschild en 1970, antes de fundar la sección europea de la Comisión trilateral, creada en los Estados Unidos por David Rockefeller y Zbignew Brzezinsky.

Todo lo que pueda contribuir a despedazar el Estado-nación es llamado a intervenir. Los ejemplos de encarnizamiento antinacional proliferan: la denigración del Estado, el letimotiv de la regionalización que conduce a la ficticia Europa de las regiones, la promoción de la “diversidad”, es decir, un multiculturalismo que se ha convertido en una auténtica “religión política” dirigida a socavar el modelo de “integración”, la exaltación de las minorías sexuales y de ideologías extravagantes como la teoría de género, dirigidas a destruir las estructuras sociales, o incluso la creación de filiales de la lengua inglesa en las grandes escuelas y universidades nacionales en aras de un falso prestigio cultural. He aquí varios signos de una cobarde renuncia que conduce a rendir las armas antes incluso de intentar combatirlos.

La Carta europea de las lenguas regionales y minoritarias es un buen ejemplo de este insidioso combate contra la identidad nacional. Afirma, en su preámbulo, que “el derecho de practicar una lengua regional o minoritaria en la vida privada y pública constituye un derecho imprescriptible y universalmente reconocido”. Pero Francia, por ejemplo, en 1992, rechazó firmar este texto como contrario a la filosofía tradicional del Estado-nación. Otros catorce países se negaron a ratificarla. Pero, poco a poco, como es el caso de Francia, han ido ratificándola. ¿Cuál era el motivo del rechazo inicial?: un gran número de compromisos obligatorios y disposiciones ambiguas que favorecen toda suerte de derivas, totalmente contrarias a los principios de igualdad de los ciudadanos y de unidad indivisible del territorio nacional.

Con la excusa de proteger jurídicamente los dialectos locales y regionales, que hasta ahora han sobrevivido sin necesidad de tal disposición, la Carta instituye una forma de discriminación positiva en su favor en las áreas geográficas donde son hablados, aunque sea por un número residual y limitado de hablantes. De hecho, este texto sólo toma su verdadera medida en un proyecto dirigido a deconstruir el Estado-nación y los valores que él expresa, en beneficio de una Europa federal de las regiones. El texto ni siquiera fue redactado por un comité de expertos, sino que es el fruto de las elucubraciones de grupos y personalidades ligados a movimientos extremistas, inscritos en la estrategia de la “nueva gran Alemania”.

Al mismo tiempo que se multiplicaban los abandonos de la soberanía en beneficio del federalismo europeo, los gobiernos nacionales abrieron una peligrosa caja de Pandora, a finales de los años 90 del siglo pasado, al firmar la Carta europea. La clave definitiva es la instauración de un conjunto europeo mundializado ‒en consecuencia, americanizado, en tanto que la mundialización es la puesta en marcha del proyecto estratégico global de los Estados Unidos, que tienen la vocación de controlar el fenómeno de la globalización en su beneficio‒ sobre una base comunitarista de entidades minoritarias fundadas sobre la etnia, es decir, la “Europa de las tribus”.

El objetivo último de los promotores de este tipo de tratados en las oficinas de la eurocracia no es ambiguo. Se trata de desmantelar todavía más el Estado-nación, los valores que expresa, para imponer la Europa federal de las regiones. Es una vieja idea, heredada de la propaganda de la Alemania nazi en los años 30 del siglo pasado, que reaparece periódicamente bajo diversos disfraces desde los años 70. Esta recurrente amenaza ya fue identificada por el expresidente francés Georges Pompidou, en 1974:

«La expresión de "Europa de las regiones", no sólo me indigna y me ofende, sino que constituye, en mi opinión, para aquellos que la emplean… un extraño retorno hacia un pasado ampliamente superado. Ya hubo una Europa de las regiones: se llama Edad Media, se llama feudalismo».

Sigamos. La reacción anti-Brexit ha sido extraordinaria, en la medida en que este toque de advertencia podría constituir una oportunidad histórica para refundar la cooperación entre las naciones europeas sobre otras bases, respetando las soberanías nacionales, aunque nos preguntamos si un sistema totalitario fundado sobre una ideología supranacional, ultraliberal y tecnocrática es capaz de reformarse. Tanto más cuando la clase política de la mayoría de las naciones europeas continúa prisionera de un pensamiento único totalitario, adoptando como un imperativo categórico la doxa supranacional de los Monnet y los Schumann, opuesta a la Europa de las naciones.

Sin embargo, ni la mundialización-globalización ni el multiculturalismo sobre el que se inclinan, son irreversibles. Nada está escrito, nada es ineluctable. El Brexit, la elección de Donald Trump, el nuevo voluntarismo de Japón y otros acontecimientos, en Europa y en otras partes, demuestran que los pueblos se despiertan de su largo adormecimiento que les habían impuesto los discursos lenitivos de la biempensancia mundialista, esa gran coalición contra las naciones formada por los sesentayochistas pasados “del cuello Mao al Rotary Club” y los ultraliberales. En resumen, todos los que se afligen ahora por el sobresalto de los pueblos, que ellos califican de “xenófobo”, de “pasadismo” u horresco referens de “soberanismo”, pero que no es sino la voluntad inagotable de resistir a la muerte. Sin duda es necesario que este despertar no sea confiscado por los políticos demagogos y otros saltimbanquis de feria, sino conducirlo hacia una auténtica renovación que implique una real transformación de los sistemas políticos al borde del abismo.

En efecto, es insuficiente decir que la clase política no está a la altura de los desafíos y de las aspiraciones de los pueblos. Como siempre, todo es asunto de voluntad. Esto es lo que falta a los dirigentes políticos que se adhieren sistemáticamente a todas las falsedades sin fe ni ley. Así, después del establecimiento de una Unión europea vacía de sentido y totalmente separada de los pueblos, he aquí que llegan los comunitarismos, los particularismos más inesperados, los regionalismos étnicos y lingüísticos, todos unidos al asalto del Estado-nación. Para agravarlo, los dirigentes políticos de los países occidentales han tomado la costumbre de inclinarse sistemáticamente ante las ruidosas minorías. Obsesionados por los cálculos electorales, se comprometen, de hecho, con la instauración de un sistema en el que “la excepción” está a punto de convertirse en la regla a poco que las tentaciones comunitaristas, étnicas, sexuales, religiosas y corporativistas incrementen su presión.

El reino de los particularismos egoístas, de las sectas, de las bandas violentas y de los traficantes de inmigrantes, se impondrá más fácilmente en cuanto la clase política opta, cada vez más, por una huida hacia adelante y por la mayor facilidad a corto plazo, reduciendo peligrosamente las prerrogativas del Estado, que es, precisamente, el garante de la cohesión nacional. Ahí está, por ejemplo, la voluntad de los políticos de crear “grandes regiones” a escala nacional y europea a imitación de los Länder alemanes, nacidas de la loca imaginación de los tecnócratas. Si realmente tenemos que hacer “economía presupuestaria”, lo primero que hay que hacer es suprimir todas esas inútiles y costosas colectividades. Pero los dirigentes políticos no están por la labor necesaria de defender el Estado-nación, la institución de la ciencia política que se opone a la supranacionalidad, a la feudalidad regional y a todas las ideologías totalitarias, que se revela como particularmente actual ante los grandes desafíos de los tiempos modernos para preservar las libertades y la dignidad de los ciudadanos, es decir, teniendo en cuenta el “bien común” sin el cual no hay legitimidad política. Desde este momento, el auténtico debate ya no está entre una derecha sin referencias y una izquierda alineada con el liberalismo (lo que nos reenvía a los orígenes izquierdistas del liberalismo), sino entre los ciudadanos afectos a sus naciones y la nebulosa de los que se inclinan ante el imperio totalitario y deshumanizado: la omnipotencia de la americanización-mundialización, la utopía mesiánica de la Europa federal y de los mafiosos separatismos regionales; en suma, aquellos para los que el Estado-nación, fruto de mil años de esfuerzos, está llamado a desaparecer para dejar su lugar a las instituciones supranacionales y regionales desprovistas de toda legitimidad y soberanía.

La causa de esta enfermedad social, que todos podemos constatar, se debe al debilitamiento programado de las naciones, que son, sin embargo, los únicos proyectos coherentes de unidad de destino en lo universal. Desde la abyecta agitación de Mayo del 68, la gangrena ha inundado los espíritus. Todo ha sido puesto en marcha para denigrar la pertenencia nacional y pretender que un individuo de ninguna parte, sin identidad y sin distinción, puede reemplazar al ciudadano de una nación independiente. La prioridad es la de restaurar la idea del bien común que consolida la ciudadanía. El rol de la política consiste en reafirmar esta tradicional concepción del vínculo social privilegiando los valores de unidad y de solidaridad que se oponen a la idea de un individuo aislado, replegado sobre sí mismo o sobre un grupo particular y sectario. El bien común es la convicción de que la nación es una sociedad histórica superior a la tribu; que la ciudadanía es preferible a la barbarie; que la ley y el interés general se imponen sobre los intereses feudales y oligárquicos.

Al fin y al cabo, es en la medida en que cada nación está firmemente arraigada en su identidad, que ella puede participar en el gran concierto de la humanidad. Ni la Unión europea ni las regiones son patrias. Pero el hombre necesita una patria. El bien común de los ciudadanos reposa en el vínculo entre la independencia de la nación y la soberanía del Estado, por un lado, y de la libertad y la dignidad del hombre, por otro. Podemos decir, sin ninguna duda, que la patria es el único bien de los pobres. Es, ante todo, el bien más preciado de un pueblo. ■ Fuente: Cerf