La democracia a geometría variable. Sobre el respeto del derecho en Cataluña, por Nicolas Klein


La opinión de un autor que conoce muy bien España, lejos de los planteamientos a que nos tienen acostumbrados algunos partidarios de la extrema derecha europea, de tendencia völkisch, a los que les gustaría destruir el continente creando la “Europa de las cien banderas”, en la misma línea deseada, en el pasado, por la Alemania nazi y, hoy, por la Unión europea.

Intimidaciones, presiones sobre los funcionarios y los policías, adoctrinamiento de los niños en las escuelas, los independentistas catalanes buscan imponer la secesión regional a una población que no la desea mayoritariamente.

Recientemente se conmemoraba el segundo “aniversario” de la tentativa de secesión de Cataluña respecto de España, que ya conmocionó entonces a todo el país. En esta ocasión, la discusión sobre la calidad de la democracia española ha conocido un interés desproporcionado.

Tradicionalmente, los independentistas catalanes explican que España no tiene de democracia más que las apariencias, puesto que el Estado español no accede a sus deseos y rechaza votar sobre la cuestión secesionista. Las simples amalgamas superan alegremente consideraciones sobre la cuestión. Evidentemente, los independentistas catalanes ignoran todas las clasificaciones internacionales que, año tras año, sitúan a España entre las democracias más logradas del mundo.

Hacen caso omiso de los múltiples estudios que se han elaborado sobre el carácter a la vez ilegal y antidemocrático de las decisiones tomadas por la Generalidad de Cataluña durante los últimos años, así como del discurso secesionista. Por otra parte, cuando las más altas instancias de la Organización de las naciones unidas o los diversos tribunales internacionales han tenido que pronunciarse sobre este asunto, en ningún momento han dado la razón al mundo secesionista.

Los propios independentistas son demasiado discretos respecto a sus propias violaciones de los derechos de los ciudadanos catalanes. Ya sean los niños en general, los alumnos en particular, los funcionarios, los jueces, los artistas o la población en su totalidad, todos aquellos que tienen la desgracia de no comulgar con la “religión separatista” son objeto de acoso y hostigamiento, de diversas violencias y de medidas muy alejadas de la democracia que los separatistas dicen defender.

Una elocuente ilustración de esta concepción del respeto a las libertades humanas en el seno del mundo separatista catalán la encontramos en septiembre de 2017. En el contexto de la organización del referéndum ilegal del primero de octubre siguiente, el Parlamento regional fue utilizado con fines de muy dudosa legalidad.

En efecto, el Parlamento catalán fue prácticamente obligado a pronunciarse sobre un texto legal llamado Ley de transición jurídica y constituyente de la República catalana. Suspendido el 12 de septiembre de 2017 por el Tribunal Constitucional español, en razón de sus múltiples violaciones de la Constitución de 1978, este texto se presentaba como una especie de ley fundamental provisional de la futura República catalana independiente, a la espera de la redacción y aprobación de la nueva y definitiva constitución catalana.

Señalemos en primer lugar, que resulta curioso que esta ley fuera aprobada por el Parlamento antes de la celebración del referéndum ilegal del primero de octubre, como si la opinión particular de los ciudadanos catalanes no tuviera ninguna importancia para la Generalidad catalana y que únicamente el “sí” a la secesión fuera la respuesta aceptable.

Pero hay algo todavía más grave. Este texto, de hecho, fue adoptado en flagrante violación de los derechos de la minoría parlamentaria regional, especialmente por la modificación, en el último minuto, del orden del día, que impidió cualquier debate. Esto es lo que afirmó a continuación el Tribunal Constitucional español y muchos expertos de derecho político.

Numerosos ciudadanos catalanes se habrían visto perjudicados por la plena aplicación de esta ley, al verse sus derechos fundamentales reducidos a la nada: los funcionarios, amenazados con represalias si no obedecían las órdenes manifiestamente anticonstitucionales; la justicia, totalmente subordinada a los deseos del poder ejecutivo, lo que habría vulnerado el principio de separación de poderes; la revocación de la futura ciudadanía catalana a los funcionarios estatales, así como a aquellos que se hubieran comprometido con el ejército o las fuerzas de seguridad españolas, haciendo de ellos unos extranjeros en su propio país; la prohibición de todos los partidos políticos que propugnasen el retorno de Cataluña a España (y, por tanto, de cualquier intento de referéndum al respecto, lo que ya es el colmo); etc.

En suma, los responsables separatistas catalanes preparaban una república independiente muy poco democrática y totalmente sometida a sus deseos. Todo esto no les permite dar lecciones de democracia a nadie en el mundo y, menos aún, al Estado español. ■ Fuente: Revue Conflits