La sociedad abierta y sus estragos. ¿Por qué tantas desigualdades?, por Guillaume Travers


Desde la década de los 80, las desigualdades salariales y patrimoniales han explotado en todo el mundo. Los trabajos mediáticos de Thomas Piketty o Anthony Atkinson nos lo recuerdan oportunamente. 

Sin embargo, si bien estos autores hacen unas claras observaciones, el análisis de las causas del fenómeno y sus soluciones continúa siendo confuso. El incremento de las desigualdades, ¿no se explicaría por la extensión del dominio del mercado y por la abolición correlativa de las fronteras?

Comencemos con una constatación hoy bien conocida: desde los años 80, las desigualdades han explotado en todo el mundo. El que mejor lo demuestra es el economista francés Thomas Piketty, que se hizo mundialmente famoso desde la publicación de El capital en el siglo XXI, en 2013. Con un equipo de investigación, ha publicado también el primer Informe sobre las desigualdades sociales, cuyos resultados han recibido una considerable atención. Demos algunas cifras para fijar el contexto. En los Estados Unidos, el 1% más rico concentra ahora el 20% de los ingresos, en comparación con el 10 % en 1980. A la inversa, el 50% de los más pobres reduce su participación en los ingresos, bajando del 20 al 13%. En Francia, la tendencia es la misma, aunque menos pronunciada: el 1% de los más ricos ha pasado del 16 al 20% en la participación de los ingresos entre 1980 y 2016, mientras que la del 50% más pobre se ha estancado. Además de las desigualdades en los ingresos, las patrimoniales también han aumentado.

¿Cuáles son las causas de este aumento de las desigualdades? Piketty da dos, que no son del todo convincentes. En primer lugar, el rendimiento del capital es, en su opinión, más elevado que el crecimiento económico. Uno de los problemas de este argumento es que la mayoría de los más ricos hoy no lo son por un patrimonio heredado, sino que han construido su propia fortuna. En segundo lugar, los tipos marginales de imposición por las rentas altas han ido bajando con el paso del tiempo. Si bien esto es parcialmente verdadero, la realidad es que la imposición general alcanza hoy cotas históricas (el 46%, frente al 34% en 1973): en teoría, esto ofrece considerables posibilidades para la redistribución. Entonces, ¿por qué han aumentado las desigualdades?

Diferencias frente a desigualdades

Antes de ofrecer una explicación completa, es necesario un breve desvío por la filosofía política. Las "desigualdades" son distinciones cuantitativas entre individuos, y se oponen a las “diferencias”, que son, ante todo, cualitativas. Si nuestra época insiste considerablemente en la cuestión de las desigualdades (monetarias) es porque las diferencias (de estatuto, por tanto no monetarias) han desaparecido. Esto está ligado con la emergencia de una sociedad individualista. Expliquémoslo. 

En una comunidad orgánica tradicional, el interés común prima sobre el interés individual. La jerarquía social se caracteriza por las diferencias de estatuto y, si bien no todo el mundo es “igual” en el sentido moderno del término, nadie es excluido: todos tienen un estatuto protegido en el seno de la jerarquía social. El mercado ‒es decir, las interacciones motivadas por el interés personal independientemente de todo interés comunitario‒ tiene un papel limitado. Las instituciones tienen por objetivo restringir la competencia interindividual en el interés común. A título de ejemplo, las corporaciones medievales no pueden ser comprendidas más que a través de este prisma: limitando la concurrencia y la publicidad garantizaban a cada miembro de una profesión un cierto nivel de vida. Pero, siempre en interés de la comunidad, el acceso a la corporación estaba condicionado a una exigencia de calidad de los bienes producidos (certificado por la realización de la "obra maestra"). En este contexto, el concepto de desigualdad no tiene sentido: sólo hay diferencias de calidades, y nada como la exclusión individual. Está intrínsecamente ligada a la modernidad liberal.

En efecto, la eliminación de las diferencias de estatuto en nombre de la igualdad abstracta implica que no subsistan más que individuos. La “comunidad” deviene en “sociedad”, según la terminología de Tônnies. Desde el momento en que el individuo prima sobre el grupo, la interacción mercantil, motivada por el interés personal, se convierte en el fundamento del orden social. Puesto que los individuos se postulan como iguales en calidad, las únicas distinciones que permanecen son las distinciones cuantitativas, expresadas en términos monetarios: las famosas “desigualdades”. Las desigualdades provienen directamente del igualitarismo moderno, que ha abierto la puerta a la "sociedad de mercado".

Expansión del mercado y "efecto superstar"

Mientras que las desigualdades son, ante todo, el hecho de las “sociedades de mercado”, su explosión reciente está íntimamente ligada a una extensión sin precedentes del mercado. Un mecanismo llamado “efecto superstar” por el economista Sherwin Rosen, nos permite comprenderlo. En una palabra, si el tamaño de un mercado es pequeño, las pequeñas diferencias de talento entre individuos no tendrán por consecuencia más que pequeñas desigualdades de remuneración. Pero si el tamaño de un mercado es grande, las pequeñas diferencias de talento pueden traducirse en desigualdades de remuneración considerables. Tomemos un ejemplo muy simple. Un actor de teatro nunca actuará para más de unos pocos cientos de personas, mientras que un actor de cine puede actuar para cientos de miles de personas: su "mercado" es mucho mayor. Así, las pequeñas diferencias de talento en el teatro no tendrían un gran impacto sobre las desigualdades salariales, mientras que las mismas diferencias implicarían considerables desigualdades para los actores de cine: las “superstars” son riquísimas. Resumiendo, el efecto “superstar” nos dice que las desigualdades aumentan con el tamaño de los mercados.

Este efecto superstar es la norma en muchas situaciones. En tanto que la actividad económica continúa siendo esencialmente local, el tamaño de los mercados es de naturaleza limitada y las desigualdades están contenidas. Incluso el mejor restaurante de una ciudad jamás podrá servir más que unas decenas de platos al día. Con el auge del librecambio y de la mundialización, el tamaño de los mercados se expande considerablemente. La empresa que logra imponerse gana una cuota de mercado considerable. Si el mercado es mundial, la cadena de fast-food que se impone extiende su dominio mundialmente y sus dirigentes son riquísimos. El mismo fenómeno explica también el alza fulgurante de la remuneración de los empresarios. Así lo han demostrado los economistas Xavier Gabaix y Augustin Landier: si las remuneraciones patronales se han multiplicado por seis entre 1980 y los primeros años de 2000 es, ante todo, porque el tamaño de las empresas se ha multiplicado también por seis. La misma lógica: pequeñas diferencias de talento generan desigualdades mucho mayores cuando el tamaño de los mercados correspondientes aumenta. Tan pronto como caen los límites políticos a la competencia y los mercados se expanden geográficamente a través del libre comercio, las desigualdades aumentan necesariamente.

Vida y muerte del Estado-providencia

Mientras que la extensión del dominio mercantil ha desestabilizado profundamente a las antiguas comunidades orgánicas, sus efectos desigualitarios fueron compensados durante un tiempo por el correlativo crecimiento del Estado-providencia. Como lo sugería Karl Polanyi, los dos fenómenos no pueden ser separados: si el dominio mercantil ha podido alcanzar tal volumen, no es más que porque sus efectos más dolorosos han sido corregidos por las políticas sociales. Evidentemente, el Estado-providencia difiere totalmente de las formas anteriores de solidaridad comunitaria: su lógica es más abstracta, menos anclada en las relaciones orgánicas, y consiste, sobre todo, en adjudicar los “derechos” a las categorías sociales (enfermos, jubilados, desempleados, etc.). Permitió, al menos durante el período de los “Treinta gloriosos”, limitar la progresión de las desigualdades, creando la ilusión de que el mercado podía extenderse sin mayores consecuencias sociales. Era una ilusión ligada al hecho de que ciertos límites al mercado todavía no habían caído. En efecto, la capacidad del Estado-providencia para reducir las desigualdades reposaba sobre dos prerrequisitos esenciales: por una parte, la capacidad para gravar los ingresos; por otra, la voluntad política de redistribución. Desde la década de 1970, estos dos prerrequisitos se vieron socavados por la propia lógica mercantil. Más específicamente, la apertura de las fronteras para crear un mercado mundial de capitales y de trabajadores, redujo considerablemente las capacidades de acción del Estado-providencia.

En primer lugar, con respecto a la capacidad de incrementar los recursos, el Estado-providencia no puede redistribuir más que si los ricos son sometidos a imposición. Esto supone una cierta inmovilidad geográfica de los contribuyentes; si el alza impositiva se traduce en la expatriación de los sujetos del impuesto, éste no alcanzará su objetivo. Sin embargo, esto es, en gran medida, lo que ha sucedido en las últimas décadas. Para los más ricos, la apertura de las fronteras ha permitido una expatriación fiscal cada vez más sencilla. Para las multinacionales, la liberación de los mercados ha permitido desplazar una parte considerable de los beneficios hacia territorios donde la fiscalidad es menos gravosa. El economista Gabriel Zucman estima que esta participación es del 40% de media, pero es mucho más elevada en empresas como Amazon. En otros términos: cuanto más abiertos son los mercados, más móviles son las empresas y los trabajadores, y más difícil será establecer impuestos y redistribuir la recaudación. Y, a la inversa, la creciente fiscalidad será soportada por aquellos que permanecen relativamente inmóviles: las clases medias y las pequeñas y medianas empresas domésticas. El sistema fiscal resultante penaliza el arraigo e incita el nomadismo. Al final, esta aparente paradoja puede explicarse así: si los tipos impositivos obligatorios nunca habían sido tan elevados en la historia, ello no ha impedido el crecimiento de las desigualdades. En segundo lugar, el Estado-providencia no puede funcionar más que si, en primer lugar, existe una voluntad política de redistribución. Esto supone, en el seno de una comunidad política, que haya una cierta identificación de los ricos con los pobres, un sentimiento de copertenencia a una historia y a una cultura. En resumen, una identidad compartida. Si esta condición estaba ampliamente satisfecha en los años 1970, la inmigración masiva ha minado todo sentimiento de copertenencia. Una economista de Harvard, Alberta Alesina, ha demostrado que, en Europa, el apoyo a las políticas redistributivas disminuye a medida que aumenta la proporción de la población de origen inmigrante. Una vez más, lo que está en juego es la eliminación de las fronteras para crear un mercado más amplio (en este caso, se trataba de crear un mercado mundial de trabajo, que permitiera a las empresas contratar a inmigrantes a costes más bajos). Tanto la movilidad de los más ricos como la movilidad de los más pobres reduce las posibilidades de redistribución real. En fin, allí donde la redistribución permanece junto a las fronteras abiertas (como en los países europeos occidentales), las migraciones vienen hipermotivadas por la voluntad de beneficiarse del sistema de protección social. En el curso de los tiempos, la masa de beneficiarios ha crecido en relación con de los sujetos a imposición: esto, en última instancia, condena al Estado-providencia y a la redistribución. Así pues, cualquiera que sea la forma que tome el problema, las fronteras abiertas ‒para los ricos y los pobres, para trabajar o no‒ no son ya compatibles con el mantenimiento de un generoso sistema social. Esto explica la explosión de las desigualdades.

¿Qué hacer?

Convertir las desigualdades en un problema político fundamental ‒como hace Thomas Piketty‒ es un error. Como hemos visto, las desigualdades no son un hecho primordial, que debe considerarse como tal, sino el síntoma de un mal mucho más profundo: la extensión del dominio del mercado, por encima y más allá de las fronteras, y la mayor movilidad de hombres y de empresas resultante de todo ello. Así, considerada aisladamente, la principal solución avanzada por Piketty ‒una mayor progresividad de los impuestos‒ está condenada al fracaso. En tanto que las fronteras permanezcan ampliamente abiertas, la imposición no hará más que incitar a la expatriación. De nuevo, los nómadas saldrán beneficiados en detrimento de los sedentarios. Esto no sería sino una huida hacia adelante. 

Por el contrario, debemos comprender que cualquier política redistributiva implica, previamente, pensar en hacer “comunidad” ‒y, por tanto, en los límites de la comunidad, es decir, sus fronteras. Sobre esta base, las pistas son múltiples. Para limitar la movilidad de los más ricos y de las multinacionales son necesarias, primeramente, las restricciones al librecambio. Cuanto más local sea la actividad económica, más local será la riqueza generada, y más disponible estará para su redistribución. Para limitar la movilidad de los más pobres son igualmente indispensables las restricciones a la inmigración y la preferencia local para las ayudas sociales. A este respecto, una ayuda universal es contraria al interés comunitario que, por sí mismo, justifica la redistribución. En una palabra, es volviendo a arraigar tanto el capital como el trabajo como podrán limitarse las desigualdades en el seno de una comunidad que, desde ese momento, aceptará voluntariamente la redistribución. ■ Fuente: Éléments pour la civilisation européenne