Protegerse no es suficiente: los ciudadanos deben poder defenderse, por Laure Fouré


Mientras la gente honrada, como se decía antes, cada vez se siente más amenazada por los atentados islamistas, los habituales robos y asaltos en los centros de las ciudades y todas las formas de criminalidad y delincuencia ordinarias, el único medio concedido a los ciudadanos para escapar a la violencia se limita a la protección, generalmente preventiva, de personas y bienes, y eventualmente, en el momento de la agresión, el recurso a los agentes de la autoridad…

Basta con escuchar el mensaje dirigido a los usuarios de ciertos servicios públicos de transporte para entender las absurdas medidas de esta política: “Si sois testigo de una situación peligrosa, llamad al número X o enviar un SMS al número X”. En resumen, hay que entretener al agresor el tiempo suficiente para contactar con los servicios de emergencia y esperar tranquilamente su eventual intervención… ¡Grotesco!

La actualidad revela, cada día, la ineficacia de una estrategia de simple protección: pese a las medidas adoptadas por los comerciantes durante las manifestaciones, siguiendo las instrucciones de las autoridades, las vitrinas de los locales son destrozadas sistemáticamente y la escoria se ve libre para saquear, con la complacencia de las autoridades, que rechazan enfrentarse a la misma con todos sus medios por temor a una revuelta que incendie los barrios periféricos.

En el contexto de guerrilla larvada que conocen nuestros países, los poderes públicos se limitan a registrar y controlar a los ciudadanos honestos, por la vía de empresas privadas, y en determinadas circunstancias, a arrestar preventivamente a los poseedores de objetos usuales calificados como armas, como pequeñas navajas o simples destornilladores, mientras dejan en libertad a los delincuentes multirreincidentes.  

Esta política refleja una admisión de la debilidad del Estado que, incitando a los ciudadanos a atrincherarse (incluso, en algunos casos, a huir de los matones), reconoce implícitamente su incapacidad para garantizar la seguridad de sus presuntos “protegidos”. Esta misión, constituyendo el fundamento mismo del pacto social, al igual que la defensa del territorio nacional y de sus fronteras, corre el riesgo de poner en cuestión la legitimidad de nuestros gobernantes.

Este desarme material y moral contribuye, además, a envalentonar a los malhechores en sus empresas criminales, conscientes de que corren un mínimo riesgo de ser heridos o solamente repelidos por sus víctimas potenciales.

Antes de que algunos de nuestros compatriotas más decididos organicen, en la ilegalidad, milicias armadas que la policía, desbordada, no podrá contener durante mucho tiempo, es urgente que el Estado permita a los ciudadanos defenderse por sí mismos dentro del respeto a las reglas elementales de legítima defensa, siempre que los tribunales la interpreten de forma menos restrictiva que en la actualidad. En Francia, la organización de los “chalecos amarillos”, representantes improvisados de los nacional-populistas, esos “leprosos” según las palabras del presidente francés, anuncian ya la voluntad del pueblo de no dejarse intimidar y de accionar su propia defensa. Fuente: Boulevard Voltaire