La crisis de la democracia es una crisis de la política, por Alain de Benoist (II)


La democracia implica la existencia de un sujeto democrático, el ciudadano. El individuo atomizado, como es concebido por la teoría liberal, no puede ser ciudadano porque es, por definición, ajeno al deseo de vivir en comunidad. 

Tomando la parte por el todo, los liberales doctrinarios dicen defender la libertad individual sin tener en cuenta su dimensión colectiva, es decir, la existencia de las comunidades y la necesidad del control colectivo inherente a la democracia. Además, la lógica de los derechos individuales es una lógica infinita (ilimitada), ya que es impulsada por “la abstracción de los derechos que nunca cesa” (Gauchet). Sin embargo, el énfasis en la libertad individual, por sí solo, no puede crear las condiciones para la libertad colectiva, en la medida en que el primero plantea una amenaza intrínseca de disociación de la comunidad. Tocqueville creía que la pasión por la igualdad amenazaba constantemente la propia libertad. Fue un error no ver lo contrario: la pasión por la libertad abstracta también pone en peligro a la democracia. La democracia procesal se basa en la idea de la libertad sin poder, que sólo es un oxímoron (ya que el poder simplemente pasa a otros).

Mouffe subraya que “la incapacidad de la teoría democrática contemporánea para lidiar con la cuestión de la ciudadanía es el resultado de una concepción del sujeto que considera a los individuos como anteriores a la sociedad, titulares y portadores de derechos naturales, que son agentes para maximizar la utilidad de los sujetos racionales. En cualquier caso, los individuos están aislados de las relaciones sociales y de poder, de la lengua, de la cultura y del conjunto de prácticas que hacen que su acción sea posible”.

Las prerrogativas de la política se ven amenazadas no sólo por los derechos, sino también por la economía. En la sociedad liberal, la comunidad política, dejando de gobernar, “es, en sentido estricto, una sociedad de mercado. Esto no implica que sea una sociedad donde los mercados económicos dominan las opciones políticas, sino una en el que el funcionamiento político toma prestado de la economía el modelo general del mercado, de tal manera que se presenta como el resultado de las iniciativas y demandas de los diferentes actores, dentro de un proceso de agregación autorregulado. Se trata de una metamorfosis en la función de gobierno: sólo sigue allí para velar por la preservación de las reglas del juego y garantizar la continuidad exitosa del proceso”. El gobierno de los hombres se convierte en la mera gestión administrativa. La negación de la supremacía de la esfera pública y la desaparición de la noción de bien común, incluso en su forma degradada como “interés general”, abre el camino para la proliferación de demandas categóricas e intereses particulares, mientras que los esfuerzos del poder público, para bien o para mal, se dirigen a garantizar la coexistencia de estas reclamaciones en conflicto dentro de un estado de inflación permanente. “Una política basada en la superposición o mera adición de intereses particulares”, señala Chantal Delsol, “se acerca más a una forma de anarquía, es decir, a una no-política. La democracia, al contrario, consiste en permitir la definición de varias versiones del interés general, que la soberanía popular plantea alternativamente a la representación”.

“Las democracias modernas”, observa Alain Caillé, “son incapaces de pensar de otra manera que, como un orden basado en cálculos racionales de los sujetos interesados y afectados, en particular, en los términos de sus beneficios materiales. Por lo tanto, a ojos de este diseño, tanto el don como la política son básicamente incomprensibles e, incluso, totalmente invisibles”. Este triunfo de la economía sobre la política es interpretado por los liberales como la victoria de la libertad, mientras que, de hecho, se traduce en un autodespojo (un desposeimiento del yo), ya que se manifiesta en la incapacidad de las colectividades para tomar el control de su destino. Gauchet describe los “estragos de la impotencia” y la “negligencia festiva de los últimos hombres, que celebran su incapacidad para gobernarse a sí mismos”. Esta revolución antipolítica no se produce en el sentido de la “neutralización” evocada por Schmitt. Para citar nuevamente a Gauchet: “Históricamente las democracias modernas se constituyeron sobre la base de la apropiación del poder público por los miembros del cuerpo político… Su nuevo ideal era neutralizar el poder, cualquiera que fuera su origen, colocando la soberanía de los individuos bajo una protección absoluta… La democracia de los derechos humanos es así conducida, por una poderosa tendencia, a rechazar los prácticos instrumentos que se requerirían para su vigencia. Por lo tanto, la melancolía del descubrimiento de la impotencia pública sobre la que se apoya de forma permanente. Esta impotencia es, de hecho, el resultado… Ésta es la causa profunda de la colisión de los Estados frente al principio de autoridad en la democracia contemporánea”.

En resumen, atrapada entre la economía y la moral, la ideología del mercado y la ideología de los derechos humanos, la democracia contemporánea es cada vez menos democrática porque es cada vez menos política. La economía es capaz de imponer su ley bajo la cobertura (y el lenguaje) de los derechos.

En referencia a conceptos puramente abstractos, la democracia, finalmente, ha sido privada de sus dimensiones territoriales e históricas. Las creencias colectivas y las religiones originales solían tener un efecto movilizador porque estaban arraigadas en territorios. La noción de ciudadanía en sí misma también estaba directamente asociada con el particular territorio en el que se desarrollaba la existencia de los ciudadanos. Como escribe Gauchet: “El universalismo fundacional que practica la democracia conduce, en efecto, a disociar el marco histórico y político en el que se forjó… por definición limitado. El universalismo sería ideal sin territorio ni pasado. En el mismo sentido, la lógica del derecho rechaza el establecimiento o el reconocimiento de cualquier inscripción en un espacio, de cualquier antecedente que implique una dependencia, cuyos límites serían un insulto a la universalidad que se proclama. Tanto, que se rechaza, en la misma línea, la inserción en una historia particular que resultaría insoportable. En otras palabras, la democracia está siendo dirigida hacia la incapacidad para asumir las mismas condiciones que dieron lugar a la misma”. Bajo la influencia de la ideología de los derechos humanos, el principio de la democracia ya no es “un ciudadano, un voto”, sino más bien “un hombre, un voto” (un individuo, un voto).

La democracia liberal se confunde con el parlamentarismo y la representación. Se trata de un régimen constitucional fundado exclusivamente en el sufragio y el pluralismo, donde la democracia no es más que el espacio social negociado con el Estado de Derecho. Así, como Schmitt nunca dejó de repetir, la gente del pueblo siempre tuvo tanta necesidad de ser representada porque no puede políticamente representarse a sí misma. Sin embargo, Rousseau ya había comentado: “cuando el pueblo tiene a los gobernantes que gobiernan por él, cualquiera que sea el nombre de los mismos, ese gobierno es una aristocracia”. En la democracia liberal, el pueblo constitucionalmente es soberano en la medida en que es necesario su consentimiento para otorgar el poder a los que se supone que son sus representantes. Esta representación es, sin embargo, un recurso provisional e improvisado. “Una vez que se ha convertido en obligatoria, la delegación de la soberanía popular en los representantes, que están en realidad autorizados para monopolizar el poder, proporciona la evidencia altamente cuestionable de su relación con el principio de la democracia”, según Guy Hermet. Por esta razón, Althusius, que definió la sociedad global como una asociación (consociatio) de cuerpos articulados unos con otros, no admitía sino una delegación de poder que era constantemente revocable (lo que hoy es designado como un “mandato imperativo”). Situado más allá de todo control, excepto del sufragio, el sistema representativo traiciona lo que dice representar, puesto que la duplicidad binaria de representantes y representados impulsa inexorablemente a los primeros a constituirse en una oligarquía. Esta traición es particularmente evidente en la actualidad, dada la reorientación de los programas y la desaparición de alternativas simbolizada por la conversión de la izquierda europea a la sociedad de mercado y la conversión de la derecha europea al fin de las naciones, a lo que se añade la neutralización del sufragio universal por las directivas de la Unión Europea. Todo esto culmina hoy en el culto de los derechos humanos, la dialéctica de la posesión (tenencia material) y el triunfo de dinero, sobre la base de un relato de espectáculo y comercio.

Todas las encuestas electorales muestran que la izquierda y la extrema izquierda pueden lograr sus mejores resultados en las principales zonas urbanas habitadas por la nueva clase media-alta y no en los barrios de clases populares. Christophe Guilluy resume esto con la fórmula: “La izquierda es fuerte donde la gente es débil”.

Contar una historia, la política de la distracción, la sustitución del discurso político o del debate por la diversión, las historias embarazosas o espeluznantes que reemplazan la acción política por la evasión, la sustitución de los hechos por los falsos programas políticos, suponen el ocaso del político, derrocado por el actor de entretenimiento, y el desplazamiento de la necesidad por el escándalo”

Otro rasgo constante de la democracia liberal es la manera en que se tiende a denunciar como “antidemocrática” cualquier reivindicación que vaya más allá de un concepto estricto o clásico de democracia, o cualquier demanda superior que exija “más democracia”. Esta denuncia se refiere, con mayor frecuencia, a las demandas y exigencias sociales, pero también se refiere a aquellas que podrían dar a los ciudadanos un poder más allá del simple sufragio. Por tanto, la participación del pueblo en los asuntos públicos es rechazada, en la actualidad, con las acusaciones de “incompetencia” (el poder debe quedar reservado a “los que saben”, a los que actúan como expertos o los gobernantes que afirman conocer mejor lo que es bueno para la gente que el propio pueblo), como si algo así como una “competencia” pura pudiera existir en sí misma, haciendo abstracción de sus propósitos, como ya señaló como Aristóteles. Estas son las mismas voces que, en el pasado, se declararon partidarias del sufragio censitario, un sistema restringido a las “clases poseedoras”, en lo que se suponía debían ser protegidas de las “clases peligrosas”. Jacques Julliard dice así: “En Francia, al menos, la democracia representativa se entendió, desde el principio, como un baluarte contra el sufragio universal: una vez que los ciudadanos elegían a sus representantes su única función era guardar silencio. Esto es lo que ya no aceptan”. La democracia representativa se inventó a sí misma como una especie de procedimiento para “filtrar” la soberanía popular. En cualquier caso, se trata de justificar la presencia de una oligarquía, a pesar de que no es más que un producto de la historia social.

¿Cómo puede resolverse esta crisis de representación? Algunos piensan que es necesaria una extensión radical de la democracia social. Esta es la tesis apoyada por Takis Fotopoulos en un libro que pretende ser una especie de manifiesto a favor de una “democracia inclusiva”. Partidario del localismo y del decrecimiento, Fotopoulos hace de la igualdad económica la condición para la igualdad política y desea que el demos se convierta en la “unidad auténtica de la vida económica”. Explícitamente presupone una economía sin Estado, dinero ni mercado, articulando una crítica de Jürgen Habermas y denunciando el “reformismo” del movimiento altermundialista (globalización alternativa). Su obra contiene una buena crítica de la democracia representativa, que él caracteriza, muy apropiadamente, como una “democracia segura para el Estado moderno”. Sin embargo, por definición, no se trata de una extensión de la democracia social que podría restaurar sus prerrogativas políticas.

La “democracia social”, que va de la mano con el Estado de bienestar, encuentra su origen en Europa tras las reformas de Napoleón III y Bismarck. Respondía a una demanda genuina e innegable, pero era también una manera de socavar las reivindicaciones revolucionarias de las masas, mientras se inculcaba la idea de que la “democracia” implica esencialmente la concesión y distribución de beneficios cuantitativos. Esto, en consecuencia, borró el carácter político de la democracia y deslizó el cambio hacia la administración de los “expertos” y la pura gestión de las cosas. La democracia social opera “comprando a la gente”, aumentando las ventajas materiales y los beneficios de una seguridad de crecimiento social en los períodos que van de unas elecciones a otras, buscando su legitimidad únicamente en esa capacidad para la distribución de bienes y beneficios. Se trata de un régimen “seguro”, pero también suicida, porque el poder público no puede responder de forma indefinida a una escalada permanente de reclamaciones cuantitativas, lo cual, a medio plazo, socava la base misma de esa legitimidad (la capacidad de “hacer la felicidad”), puesto que se ha creado ya la suposición de lo que debe ser dado y que sólo podía ser mantenido por las falsas promesas que, cada vez más, resulta difícil sostener o cumplir. Desde este punto de vista, la democracia social ilustra, como ejemplo, la confusión entre una “democracia extensa" (en superficie) y una democracia profunda (en consistencia). La democracia en extensión corre el riesgo de convertirse en una democracia diluida. La democracia social es, en efecto, incapaz de consolidar el orgullo de ser un ciudadano: transforma a los miembros de la sociedad en clientes asistidos que sueñan únicamente con ser más y tener cada vez más. (Continuará...)