¿Puede haber cambios en la política de EEUU hacia el Sáhara Occidental?, por Michel Lhomme

 

El trueque anunciado por Trump en Twitter el pasado 10 de diciembre, según el cual Estados Unidos reconoce la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental como contrapartida al establecimiento de relaciones diplomáticas completas entre Marruecos e Israel, ha sido descrito por muchos como el summum del nuevo marketing político internacional, pero es también el éxito fulgurante de la diplomacia secreta israelí (en particular, con la mediación personal del empresario judío marroquí Yariv Elbaz).

Marruecos no ha tardado en unirse al llamado “acuerdo de Abraham” por el cual países árabes como los Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Sudán se comprometieron en otoño 2020 a normalizar sus relaciones bilaterales con Israel, lo cual fue negociado bajo la presión de Trump del lado de Jerusalén como intercambio por una no-anexión del valle del Jordán que había sido programada para el verano de 2020. Pero la transacción marroquí sobrepasa a lo anterior en la contrapartida estadounidense acordada. El reconocimiento de lo que un Estado-nación considera como su soberanía o su integridad territorial es, en efecto, un trofeo último e inconmensurable, y ese asunto presenta puntos comunes con el acuerdo Kosovo-Serbia que Trump favoreció igualmente en septiembre. 

El vínculo claramente establecido entre la política estadounidense hacia el Sáhara Occidental y de Marruecos hacia Israel está, en todo caso, lejos de ser un artificio. Parece definir a partir de ahora las relaciones entre Rabat y Washington.

Obtener el reconocimiento oficial por Estados Unidos de la marroquidad del Sáhara Occidental anexado de facto era, desde los años 70, el objetivo primordial de la política marroquí respecto a la superpotencia americana. Durante y después de la guerra fría, la principal baza de Marruecos en este asunto ha sido maximizar el rol de “buen aliado” de Washington y de “estado árabe moderado” en su relación con el Estado de Israel. Rabat ha combinado el rol histórico de Hasan II como mediador entre los árabes y los israelíes con una cooperación bilateral significativa con Tel Aviv, delante y detrás de bambalinas, en las cuestiones de seguridad y económicas. Los esfuerzos de estos dos países han ido también a la par en numerosas ocasiones en su acción de lobby en Washington. Pero la ecuación no se había resuelto siempre bien para los marroquíes, como demuestran las tensiones pasadas con la diplomacia de GW Bush después del rechazo de Rabat al plan Baker II para el Sáhara Occidental en 2003.

Visto desde esa perspectiva, el anuncio de Trump es una victoria diplomática sin precedentes para Marruecos. El discurso paraoficial de ese país lo ha celebrado como la consagración final de la estrategia seguida por Mohamed VI con el Plan de autonomía 2007 para el Sáhara Occidental, que obtuvo una acogida internacional positiva y que consiguió desviar el sentido de las resoluciones del Consejo de Seguridad hacia la idea de “negociaciones sin condiciones previas”.

Sin embargo, hay frenos al entusiasmo

Del lado marroquí, las relaciones diplomáticas completas con Israel proclamadas por Trump se ven considerablemente reducidas en el comunicado del Gabinete real. Este precisa el contenido de la normalización bilateral naciente en tres puntos: la autorización de vuelos directos entre los dos países, restablecimiento de contactos oficiales y de relaciones diplomáticas “cuanto antes”, y la cooperación económica y tecnológica, empezando por la reapertura de la Oficina de enlace marroquí (comercial) en Tel Aviv, pero no hay ni una sola palabra sobre una eventual embajada. 

La Oficina de enlace mencionada funcionó desde los acuerdos de Oslo hasta finales del año 2000, fecha en la que fue cerrada para protestar contra la violencia israelí en el contexto de la segunda Intifada palestina. En otros términos, todo lo que Rabat parece querer hacer es volver en 2021 al statu quo bilateral de los años 90.

La prudencia y la ambigüedad de la normalización marroquí actual es una tentativa clara de limitar sus costes de legitimidad interna, que no parecen desdeñables si se consideran los precedentes de manifestaciones populares masivas por la causa palestina en el país, de la Segunda Intifada a la guerra de Gaza de 2008 a 2009. La particularidad de esas manifestaciones bajo el reinado de Mohammed VI ha sido sus estructuras de movilización, basadas en las redes y unos coordinadores ad hoc que reúnen a todos los actores más irreductibles y resistentes a la cooptación monárquica, desde los islamistas de Justicia y Caridad hasta la izquierda crítica y la Asociación marroquí de los derechos humanos, los mismos que organizaron las manifestaciones del Movimiento del 20 de febrero durante la llamada “primavera árabe” de hace diez años, y ya se han pronunciado para condenar la normalización de relaciones con Israel en los últimos días. 

En otras palabras, las movilizaciones contra Israel y por la causa palestina son un terreno favorable para informarse sobre el movimiento de protesta en Marruecos y la constitución de redes de oposición polivalentes, de colaboración y formación de coaliciones entre los actores de naturaleza ideológica muy diversa. Estas coaliciones pueden constituir al final una amenaza potencial para la estabilidad del régimen monárquico. De ahí la voluntad actual de las autoridades marroquíes de controlar la reacción interior al intercambio con Estados Unidos, poniendo el foco en el éxito patriótico sobre el Sáhara omitiendo deliberadamente la mención a la normalización con Israel y prohibiendo directamente las manifestaciones contra el acuerdo logrado. 

Por otro lado, en terreno estadounidense, la declaración de Trump reconociendo la soberanía marroquí sobre el Sáhara, que el Gabinete real presentó como un “decreto presidencial”, ha sido realizada, en realidad, por medio de una proclamación presidencial. Al contrario que los decretos ejecutivos, las proclamaciones presidenciales son, sobre todo, declaraciones políticas, que pueden tener un contenido sustancial en los asuntos exteriores pero que no tienen fuerza de ley sin la autorización del Congreso. Trump ya ha utilizado este mecanismo para el reconocimiento controvertido, contrario al derecho internacional, de Jerusalén como capital del Estado de Israel (2017) y para el reconocimiento de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán (2019). Pero, en un asunto como el del Sáhara Occidental, donde parece que no tiene el apoyo de la mayoría del Congreso y a las puertas de su salida de la Casa Blanca, la coherencia jurídica interna de su decisión parece, en el mejor de los casos, dudosa. 

Eso deja, pues, a Joe Biden la posibilidad teórica de deshacer el compromiso de Trump, como ya lo han solicitado diferentes voces en Washington, sin olvidar que Israel está, de nuevo, en proceso electoral. En teoría, pues, la reversibilidad del intercambio es posible, ya que rompe de hecho el juego del multilateralismo y de los principios mínimos del derecho internacional puesto que nos encontramos aquí a favor del derecho del más fuerte, lo cual no es, en derecho internacional, un medio adecuado para resolver un conflicto, ya sea en el Sáhara occidental o en Israel-Palestina. 

La paz de los vencedores no es solo indeseable; en general, tampoco es posible.    

¿Cuál podría ser la política exterior de Joe Biden cuando esté instalado en la Casa Blanca?

Ya lo anunció en un artículo detallado en la revista Foreign Affairs (marzo/abril 2020), que constituyó la base de la Plataforma 2020 aprobada en agosto por el Partido Demócrata. El título ya era elocuente: “Por qué América debe guiar de nuevo/Rescate de la política extranjera de Estados Unidos después de Trump”. Y sigue en el texto: “Mientras que el Presidente Trump ha debilitado y abandonado a aliados y socios, y abdicado del liderazgo americano, como Presidente, ejecutaré inmediatamente acciones para renovar las alianzas de Estados Unidos, y hacer que América, una vez más, guíe al mundo”.

Su primer acto sería, lógicamente, reforzar a la OTAN, “el corazón mismo de la seguridad nacional de Estados Unidos”. Para ello, Biden hará las “inversiones necesarias” para que Estados Unidos conserve “la fuerza militar más poderosa del mundo” y, al mismo tiempo, hará que “nuestros aliados de la OTAN incrementen sus gastos para la Defensa”, según los compromisos ya tomados por la administración Obama-Biden. 

El segundo acto será convocar, en su primer año de presidencia, una “Cumbre mundial por la democracia”. Participarán “las naciones del mundo libre y las organizaciones de la sociedad civil del mundo entero que están en primera fila en la defensa de la democracia”. La Cumbre decidirá una “acción colectiva contra las amenazas mundiales”. Ante todo, para “contrarrestar la agresión rusa, conservando todas las capacidades de la Alianza e imponiendo a Rusia los costes reales de sus violaciones a las normas internacionales”; y simultáneamente, para “construir un frente unido contra las acciones ofensivas y las violaciones de los derechos humanos por parte de China, que está amplificando su alcance mundial”. 

¿No se trata de la vuelta de las tensiones y del tono guerrero de los halcones?

Este programa elaborado con la participación de más de dos mil consejeros en política exterior y seguridad nacional, organizados en veinte grupos de trabajo, no es solo el programa de Biden y del Partido Demócrata. En realidad, es la expresión de un partido transversal (el “Estado profundo”) cuya existencia está demostrada mediante el hecho de que las decisiones fundamentales de política exterior, ante todo las relativas a las guerras, se toman en Estados Unidos sobre una base bipartidista.

Esto se confirma también por el hecho de que más 30 altos funcionarios republicanos (jubilados o en activo) publicaron el pasado 20 de agosto una declaración de voto contra el republicano Trump y a favor del demócrata Biden. Entre ellos, John Negroponte, nombrado por el presidente GW Bush, en 2004-2007, primero embajador en Irak (con la misión de reprimir la resistencia) y luego director de los Servicios Secretos. Confirmado también por el hecho de que el demócrata Biden, entonces presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, apoyó en 2001 la decisión del presidente republicano Bush de atacar e invadir Afganistán y, en 2002, presentó una resolución bipartidista de 77 senadores que autorizaba al presidente Bush a atacar e invadir Irak acusando a este país (acusación que se desveló falsa enseguida) de poseer armas de destrucción masiva. 

También durante la administración Bush, cuando las fuerzas estadounidenses no llegaban a controlar el Irak ocupado, Joe Biden hizo aprobar en el Senado, en 2007, un plan sobre la “descentralización de Irak en tres regiones autónomas (kurda, sunita y chiita): es decir, la desmembración del país para servir a la estrategia de Estados Unidos. De la misma forma, cuando Biden fue durante dos mandatos vicepresidente de la administración Obama, los republicanos apoyaron las decisiones demócratas sobre la guerra contra Libia, la operación en Siria y la nueva confrontación con Rusia. 

Puede que no sea la “America Great Again” pero, en todo caso, se parece de muy cerca a la “América, otra vez, guía al mundo” (que aparece explícitamente en la plataforma 2020 de Biden). 

Cuando, a finales de agosto, los Emiratos Árabes Unidos reconocieron a Israel, sin duda quisieron apoyar al presidente Trump en campaña ya que el antiguo presidente americano no cesó durante todo su mandato de apoyar a las monarquías del Golfo y de conducir una política agresiva, más bien una verdadera guerra económica, antiiraní. Puede que los dirigentes del Golfo teman la victoria de Biden, que podría significar la vuelta contra ellos de la política de conciliación del anterior presidente demócrata hacia Irán. Pero, en realidad, Biden se ha mantenido particularmente poco claro y su campaña ha consistido en hacer y decir lo menos posible, con el objetivo de no contrariar a nadie, y de trabajar únicamente en la única cuestión del rechazo a Trump. Fuente : Metainfos